La juez que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis ha anunciado hoy que va a imputarle delitos societarios, si bien su primera declaración no tendrá lugar hasta que los peritos terminen su estudio de las cuentas del club y lo permitan los señalamientos del juzgado.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla dice que es "obvia la procedencia" de tomar declaración como imputado al máximo accionista del Betis y a las otras seis personas denunciadas -tres mujeres y tres hombres- que eran cotitulares o apoderados de sus empresas, tal como han pedido las tres asociaciones opositoras que ejercen la acusación particular.

La juez, sin embargo, rechaza la petición de la asociación "Por nuestro Betis" de que declaren los dos apoderados de un banco de la Ronda María Auxiliadora de Sevilla, firmantes del certificado de cantidades depositadas en 1992, año en que el Betis se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva.

No obstante, no descarta hacerlo más adelante, cuando se lleven a cabo las diligencias pendientes y en caso de que se considere necesaria su práctica.

La juez, que ayer rechazó la petición de la Fiscalía de considerar prescritos los delitos cometidos entre 1993 y 1998, acuerda imputar a todos los denunciados, pero precisa que su declaración judicial se llevará a cabo cuando concluya el estudio de los informes periciales aportados a la causa.

Esta agrupación bética había pedido también ampliar la investigación a 1992, a lo que la juez responde que analizará su pertinencia cuando sea firme el auto del pasado 5 de mayo por el que rechazó declarar prescritos los supuestos delitos cometidos entre 1993 y 1998.

La Fiscalía había pedido el archivo de lo investigado entre esas fechas por considerar que los delitos se habían cometido hace más de diez años y estaban prescritos, y ello pese a que los peritos judiciales han cifrado en 12,4 millones de euros los perjuicios causados por Ruiz de Lopera al Betis.

La juez dijo en su auto que no es cierto que los delitos imputados a Lopera prescriban a los diez años, como sostiene la Fiscalía, sino a los quince, pues se debe tener en cuenta la agravante de la "especial gravedad" del delito y la "pluralidad de perjudicados", algo que recoge incluso el Fiscal General del Estado en una circular de 1999.

Los perjudicados no son solo el 10 por ciento del capital social que representan los denunciantes -tres asociaciones opositoras a Lopera- sino "en definitiva, el resto de socios del Real Betis", dijo entonces la juez.