Amén de la batalla que librará en los terrenos de juego en el "play-off", el Tenerife deberá enfrentarse a otra en los despachos con el objetivo de no verse obligado a volver a competir en Segunda B aún logrando el ascenso a la categoría de plata o, en el peor de los casos, acabar en Tercera División.

En Segunda B el plazo que tienen los clubes para cumplir con la totalidad de las cantidades pactadas en los contratos de sus futbolistas -mensualidades y ficha- se cumple el 30 de junio -en las dos categorías superiores se amplía un mes más-. Ese día todos aquellos que hayan sido denunciados por impagos ante la AFE perderán la categoría.

Actualmente, el Tenerife adeuda dos mensualidades al plantel y el próximo mes además tendrá que hacer frente a las fichas de cada uno de ellos. Pero el club no dispone de liquidez. La prueba es que han sido los propios consejeros los que a finales de la pasada semana pagaron de su bolsillo una de las nóminas atrasadas -que eran tres- al plantel. La entidad depende del dinero que le adeuda el Gobierno de Canarias, que corresponde al segundo plazo del contrato de patrocinio que tiene con la Consejería de Turismo y ésta no abonó el pasado año. En la misma situación se encuentra Las Palmas.

El pasado 23 de marzo Miguel Concepción y Miguel Ángel Ramírez, presidentes de ambas entidades, lograron que Paulino Rivero se comprometiera a abonar esa deuda lo antes posible. Aunque también les dijo que satisfacerla dependía de la partida que el Gobierno del estado destinara a Canarias en sus presupuestos generales. Hasta ayer no se sabía en qué fecha podría quedar resuelto el asunto. En ABC Punto Radio Tenerife, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, refrendó que cumplirán con la palabra del presidente, pero puntualizó que hasta no saber si es aprobado por el estado el "plan para no incurrir en déficit" que ha presentado el Ejecutivo, no sabrán si pueden disponer de un dinero -1,2 millones en total, 600.000 euros a cada club- que, según añadió, está incluido en los presupuestos de la comunidad para este ejercicio. "Con los recortes que se prevén, tenemos que esperar hasta junio. Nos faltan ochocientos millones. Pero eso hace que tengamos muchas cosas absolutamente paralizadas y ese es uno de los casos", explicó la consejera.

Si se cumplen estas previsiones, las fechas que maneja el Gobierno no concuerdan con los intereses de un Tenerife que solo espera recibir esa cantidad para salvar económicamente el curso -hay que contar también al resto de trabajadores a los que no ha abonado las tres últimas nóminas-. Y no ver comprometido su futuro por las denuncias ante la AFE.