La vicepresidenta II del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, ha vuelto a reclamar hoy al Gobierno canario "que respete las obligaciones" presupuestarias contraídas con la corporación y que, según ha dicho, se elevan a 68,8 millones de euros, 30 de ellos de carácter social.
Así lo ha manifestado en un comunicado la también consejera insular de Economía, Hacienda y Política Social tras reunirse con el viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, Jesús Velayos.
Rodríguez ha destacado que este encuentro se produce a propuesta del Cabildo de Gran Canaria, tras la carta remitida la semana pasada por su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, al consejero regional de Economía, Javier González Ortiz, al que le ha expuesto su preocupación por el posible adelanto del cierre de los presupuestos.
A juicio de Bravo de Laguna, esto supondría en la práctica que la administración regional "no reconociera dichos compromisos adquiridos" con el Cabildo grancanario.
Según Rosa Rodríguez, la Comunidad Autónoma Canaria "debe" al Cabildo de Gran Canaria un importe de 58,8 millones de euros en materia presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, y mantiene derechos pendientes de cobro anteriores a dichos ejercicios por un montante cercano a los 10 millones de euros, por lo que su deuda asciende a 68,8 millones de euros.
La consejera ha asegurado que las cantidades adeudadas por el Ejecutivo canario "son necesarias para hacer frente al mantenimiento de las competencias que corresponden al gobierno insular, fundamentalmente en cuestiones tan sensibles como el mantenimiento de los servicios sociales que se presta" a sus ciudadanos.
En cualquier caso, Rodríguez ha expresado su tranquilidad tras reunirse hoy con Velayos, quien ha "desmentido" de la posibilidad de que el Gobierno regional adelante el cierre de las operaciones presupuestarias.
Velayos también ha informado a Rosa Rodríguez de que el Ejecutivo regional ha dado la orden de pago para ingresar los 8.364.570 euros que figuran en la contabilidad del Cabildo de Gran Canaria como derechos pendientes de materializar por la comunidad autónoma correspondientes al ejercicio 2011.
Sobre las deudas anteriores a 2011, y a pesar de la diferencia de criterios, ambas administraciones se han comprometido a ahondar en este aspecto para resolver la situación y evitar perjuicios mayores a esta corporación en materia presupuestaria, ha referido Rodríguez.