Los departamentos de Tesorería e Intervención del Ayuntamiento de La Laguna consideran "gravoso" para los intereses municipales los dos años de carencia del crédito refinanciado con CajaCanarias acordados el pasado mes de noviembre por el gobierno local con la entidad bancaria. Con ese acuerdo, el consistorio retrasó hasta 2011 el comienzo de la amortización de la deuda de 56,8 millones (suscrito en 2005), una decisión que defiende el equipo gobernante por la situación general de crisis y que a la oposición socialista le parece un claro signo del "creciente deterioro" de las arcas municipales, deambular que teme que acabe en quiebra si no se corrige, por ejemplo, el presupuesto aprobado el pasado miércoles por CC.

En un informe del pasado 26 de octubre, Javier de la Cruz Aguilar, tesorero accidental, sostiene que no puede informar favorablemente "porque, desde el punto de vista exclusivamente técnico, la propuesta es gravosa para los intereses locales. Además, conviene hacer ver que la nueva carencia obligará a un mayor sacrificio presupuestario en los ejercicios 2011 y siguientes por unos mayores costes de amortización".

En ese momento, el técnico calculó unos intereses añadidos de 563.876 euros por esta operación, si bien la cifra puede variar con las bajadas o subidas del euribor, que hasta ahora ha descendido. Este técnico ya había advertido de este recurso en otro informe del 16 de febrero de 2008.

El 2 de noviembre de 2009, Marta Rodrigo Gómez, interventora accidental, también informó negativamente y formuló reparos al expediente, que acabó levantando el gobierno local. Como en otros informes, se advierte de los riesgos o de los incumplimientos sin más de los principios de estabilidad presupuestaria, opinión que contrasta con la del edil de Hacienda, Juan Antonio Alonso (CC), quien insiste en que el nuevo presupuesto cumple con esos fundamentos.

La interventora, por su parte, echa en falta el Plan Económico Financiero de tres años del que se habla desde 2007, al tiempo que constata que no se explican las razones del cambio.

La interpretación política de estos informes es bien distinta. El portavoz del PSC, Gustavo Matos, considera que los dos años de retraso "son una patada hacia adelante a la deuda que pone en peligro las arcas locales, que no salen gratis, ya que cuestan 563.000 euros más y que demuestra que no se puede pagar ese crédito o existen graves dificultades, como prueban los retrasos en las cuotas de la Seguridad Social del personal". A su juicio, se trata de una "irresponsabilidad" de CC que, además, exigía consultar a la oposición y tratar de buscar un acuerdo, "ya que esto atañe y supone una rémora para los próximos dos o tres mandatos". Igual que con el nuevo presupuesto, Matos cree que CC "sólo está pensando en el cortoplacismo de las próximas elecciones. Lo que ocurra después, no les importa".

Alonso es mucho menos pesimista y, en declaraciones a EL DÍA, insistió ayer en que la operación era totalmente necesaria por la situación económica general debido a la crisis. Aunque haya que abonar intereses, asegura que renunciar a las carencias hubiera sido mucho peor en este año por la reducción de ingresos.

De todos modos, no descarta que, si el panorama no mejora en exceso y se dan problemas para cuadrar el presupuesto a final de año, se saque un concurso para ampliar el plazo final de pago (con un máximo de 10 años, según la ley). Además, aclara que de los 4 millones del crédito por el mercado que hay que devolver antes de que concluya este mandato no se ha gastado 1,1. El edil admite que un fallo de un millón de los 6 que prevé recaudar de más con el plan de inspección le preocuparía "bastante".