El consejo de la empresa que gestiona el servicio municipal de aguas en La Laguna (Teidagua) aprobó ayer diversas modificaciones del reglamento que regula esta prestación que, como era de esperar, volvieron a separar al gobierno local y a la oposición socialista. El PSC considera que los cambios perjudican a muchos abonados y vecinos, mientras CC insiste en que, en el fondo, no se modifica nada sustancial, sino que se hace aflorar en el texto prácticas que se aplican desde hace mucho tiempo y que resultan totalmente razonables en este tipo de servicios.

El portavoz del PSC, Gustavo Matos, se ratificó en sus declaraciones del jueves y, además, puso especial énfasis ayer en "nuevos cambios", como que, a partir de ahora, las conexiones a la red municipal de alcantarillado "sólo las podrán ejecutar los operarios de Teidagua o el contratista que esta compañía designe, reservándose en todo caso el derecho de supervisión e inspección de la obra", según reza en la nueva redacción del artículo 26 de reglamento.

El concejal del área, Antonio Pérez Godiño, admitió ayer esta nueva redacción, pero recalcó, en declaraciones a EL DÍA, que no significa ningún cambio en la práctica, "porque esto siempre se ha hecho así y, además, es lógico, ya que el prestador del servicio es el que debe operar en la parte que da a la calle, al espacio público".

Matos tiene una visión bien distinta y considera que "se debería seguir permitiendo que los nuevos usuarios puedan contratar con quien quieran, sobre todo si logran presupuestos más bajos que los que les plantee Teidagua o la empresa que ésta diga". El resto de las obras de las nuevas acometidas que se ejecuten en el espacio del futuro abonado sí podrán contratarse en el mercado libre o ejecutarlas como desee el dueño del inmueble, aunque siempre con una previa autorización de la compañía.

Respecto a la polémica del jueves entre ambos representantes locales, Matos aportó también ayer como novedad el hecho de que, según su interpretación, "a partir de ahora se implantará una especie de copago para nuevas obras de cifras considerables que asuma en parte el ayuntamiento y que, el resto, le cargarán a los beneficiarios de esas nuevas acometidas mediante cobros aparte". El edil del PSC alude al artículo 33 para este argumento y considera que no puede haber otra interpretación "puesto que se afirma literalmente que las tarifas aprobadas podrán regular igualmente la percepción de los derechos de acople por conexión a la red, la constitución de las fianzas que correspondan, en su caso, como garantía de cobro y los cánones o los recargos autorizados por el ayuntamiento que, con independencia de la tarifa, puedan establecerse para hacer frente, en la proporción que se determine, a las inversiones en infraestructura".

Godiño niega esa interpretación y, al igual que respecto a las estaciones de bombeo o al cobro del saneamiento aunque no se esté conectado, asegura que se pasa al papel "lo que ya se está aplicando", mientras que los socialistas consideran que supondrán el aumento de la factura global.

El PSC sí apoyó la congelación de la tasa del agua, pero, a diferencia de CC, insiste en que el gobierno incumplirá su anuncio de que este servicio no suba para muchos vecinos. También se mantienen las discrepancias en torno al nivel de ayudas y bonificaciones a colectivos con problemas.