El denominado "caso Varadero", por el que está imputado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias el alcalde de El Rosario, Macario Benítez, y otros miembros de su gobierno, sigue deparando novedades, aunque pase el tiempo y a veces parezca que no se mueve nada. La jueza remitió el pasado 24 de noviembre una providencia a la empresa de arquitectura Estudios Luengo para que aportara al juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife los datos de identidad de los redactores del plan parcial de El Varadero, zona costera del municipio en la que se pretendía crear una urbanización que, desde hace años, ha desatado una agria polémica con maremotos de tinta y una esperada resolución judicial.
La citada providencia va dirigida también al consistorio para que aporte más información y documentos requeridos por la magistrada.
Fuentes del caso consideran que esta medida, lejos de ser positiva para el gobierno local y el citado estudio, refuerza la investigación y complica la situación de la empresa. Dichas fuentes recuerdan que, durante su declaración ante la jueza, el exdirector de Ordenación (2001 a 2003) y luego de Urbanismo (2003-07) del Gobierno regional, Rafael Castellano, indicó que conocía a los responsables del estudio desde hacía muchos años porque elaboraban otros planes, como el de Candelaria, pero que no eran sus amigos. Asimismo, indicó que no trató "en ningún momento el plan parcial Varadero con ellos, (...) pero sí, en cambio, en el contexto del PGO, aunque no le comentaron nada de que el ayuntamiento fuera a aprobar el plan parcial de El Varadero por silencio administrativo positivo".
Esta misma declaración y el resto de lo dicho por Castellano en el juzgado tienen una lectura radicalmente distinta por parte del gobierno local, que considera que ratifican la versión del alcalde sobre lo sucedido.
Entre las claves, continúa destacando el famoso fax que se sospecha que el gobierno local envió para paralizar la aprobación en la Cotmac cuando ya se había respaldado por el Pleno, así como la presencia del alcalde en ese organismo durante ese mismo día de 2002, según lo declarado por una técnico regional. Esta trabajadora informó contra el proyecto por contravenir la moratoria y el PIOT y declaró en el juzgado que el alcalde se encontraba por fuera de la ponencia técnica en el edificio Múltiples II y que estaba pendiente de recibir un fax sobre la suspensión del punto en la reunión, texto pedido por la propia Cotmac.