De los análisis realizados a priori se desprende que la posible causa de los daños puede radicar en los cambios experimentados en la zona por la actividad humana. Unos cambios "en los que ha podido incidir la concurrencia de actuaciones provocadas o toleradas por las administraciones competentes". De todos modos, se aclara que, de momento, no se puede establecer a ciencia cierta cuál ha sido el agente causante, ya que cada administración remite informes técnicos que aluden a la responsabilidad de las otras, por lo que se precisa un estudio objetivo por parte de expertos que debe designar el juzgado.
La Fiscalía propone que se oficie a las tres administraciones que pudieran estar implicadas (ayuntamiento, Consejo Insular de Aguas de Tenerife y la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la consejería regional de Obras Públicas) para que comuniquen al juzgado número 1 "cuáles son las medidas adoptadas para paliar las deficiencias que provocaron las inundaciones", evitando así incidentes de similar naturaleza en el futuro. Una vez que se cuente con esta documentación y atendiendo a su contenido, se recibirá declaración en calidad de imputados a quienes resulten responsables de los hechos.