El Ayuntamiento de El Rosario no pudo, el pasado día 3 de febrero, llevar a cabo el desalojo de animales y el cierre de la granja porcina que está siendo investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al verter los residuos a un barranco.

El consistorio rosariero ha explicado que debió paralizar dicho desalojo al recibir un escrito del director general de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en el que manifestaba que el titular de la explotación presentó el 10 de marzo de 2011 una solicitud de legalización territorial y ambiental de la granja que está a la espera de un informe técnico de Gesplan.

Se da la circunstancia de que un día antes (el 9 de marzo de 2011) el alcalde firmó el último de los siete decretos que, desde 2003, solicitan el cierre de la granja. Sin embargo, fue diez meses después, y ante las investigaciones de la Fiscalía, cuando el ayuntamiento ordenó la ejecución subsidiaria del desalojo de los animales que ahora se ha visto truncada.