La actualización del padrón de bienes inmuebles del municipio que recoge la ordenanza fiscal a aplicar en 2012 ha deparado una confusión patrimonial y legislativa que hará que la Universidad de La Laguna (ULL) recurra la citada ordenanza para que el consistorio incluya en ella la subvención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), impuesto de cuyo pago estaba exento hasta 2007. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y el rector de la ULL, Eduardo Doménech, explicaron ayer que la institución académica solicitará la citada modificación para que pueda acceder a algún tipo de bonificación.
La revisión del padrón ejecutada por el ayuntamiento (en la que estuvo trabajando durante casi un año) concluyó que muchos inmuebles que estaban a nombre de la Comunidad autónoma eran, en realidad, propiedad de la ULL, por lo que se le pasaron las liquidaciones del IBI de los años 2008, 2009 y 2010 (4,5 millones de euros que no han sido abonados).
Además, la ordenanza fiscal aprobada en noviembre de 2011 no contempla la bonificación de hasta un 95% del pago del IBI, tal y como prevé la Ley de Universidades Públicas para edificios de enseñanza universitaria y de investigación, por lo que las liquidaciones del impuesto han dado la cantidad de 1,5 millones de euros en concepto de IBI en cada anualidad de 2008, 2009 y 2010. Asimismo, la liquidación de 2011, que se realizará en los próximos meses, conllevará que, previsiblemente, la deuda aumente hasta los seis millones de euros.
La ULL entiende que el ayuntamiento, a la hora de regular el IBI para el próximo año, tenía que haber recogido, expresamente, la aceptación de esta bonificación o no. "Lo que no puede hacer el ayuntamiento es alterar la situación jurídica de la ULL sin contemplar el establecimiento o no de esta bonificación", explicaron ayer los técnicos de la institución académica.
Asimismo, el primer edil de la ciudad detalló que la deuda quedará en suspenso hasta que se dilucide si el ayuntamiento aplica esa subvención o no, y si es así, en qué porcentaje. Para ello, el Pleno del consistorio deberá pronunciarse sobre la aplicación de esta bonificación. En cuanto a los 4,5 millones de euros que ya adeuda la ULL deberá negociarse su abono.
Fernando Clavijo expuso que "la voluntad del ayuntamiento es la de otorgarle el mayor porcentaje de bonificación posible" pero también recordó que existe una sentencia contraria a los intereses del consistorio sobre una parcela contemplada en el PGO para uso universitario, por lo que también solicitó la colaboración de la Consejería de Educación.
Cabe recordar que en el caso de los organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, relativa a las universidades, introdujo una nueva bonificación que los ayuntamientos podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza reguladora, equivalente hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de este tipo de inmuebles. El alcalde y el rector, junto a técnicos de ambas instituciones, han venido manteniendo reuniones desde hace meses para tratar de resolver este conflicto y dejar clara la "buena voluntad por ambas partes".