La discrepancia entre la Universidad de La Laguna (ULL) y el Ayuntamiento de Aguere en cuanto al impago, por parte de la entidad académica, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los ejercicios del 2008 al 2011 (seis millones de euros), comienza a generar cierta fricción entre ambas administraciones.

Las repercusiones que podría tener para la ULL la obligación del pago de la deuda hacen que, desde la universidad, se proponga la reconducción de este tema hacia "la discreción, la responsabilidad y la altura institucional", en aras de llegar a un acuerdo "sí o sí", ya que la entidad no puede asumir "en ningún caso" una deuda tan importante.

El jefe de Gabinete del Rector, Antonio Rodríguez, argumenta que el pago del IBI provocaría "un nivel de déficit inasumible que repercutiría en la sostenibilidad de los pagos básicos". Si bien no quiso hablar de quiebra técnica, sí detalló que de los 146 millones de presupuesto de la institución académica, el 82% (120 millones) es para gastos de personal, por lo que solo cuenta con unos 26 millones para inversiones y para el pago de bienes corrientes y servicios.

Además, en el entorno de la ULL han molestado mucho las manifestaciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, en las que se preguntaba por qué no se le iba a exigir el IBI a la ULL cuando sí se hace a los parados.

"Estas declaraciones han sido una sorpresa desagradable que contrastan con la discreción del alcalde y la lealtad institucional que ha mostrado en todo momento el primer edil", aseguró ayer Antonio Rodríguez, a quien le parece "irresponsable" que representantes municipales pongan en juego el prestigio de la institución académica y se deteriore su imagen pública en una confrontación de tipo partidista (las declaraciones de Bethencourt fueron en contestación a una anteriores del senador del PP Antonio Alarcó).

"Plantear a la ULL como morosa del ayuntamiento es inapropiado, al igual que los argumentos demagógicos del concejal", subrayó Rodríguez, al tiempo que aclaró que la ULL no ha solicitado un indulto tributario porque, simplemente, no reconoce que adeude las cantidades que le reclama el ayuntamiento, ya que el consistorio ha hecho caso omiso a la solicitud de bonificación que recoge la legislación vigente y que otros municipios ya realizan.

De esta forma, la ULL ha intentado regularizar la situación de los tributos locales desde 1999, con una solicitud expresa para llevar a cabo una normalización de la situación, ya que si bien en aquella época estaba exenta de pagar el IBI, no ocurría lo mismo con otros impuestos como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), por lo que realizó una primera solicitud de exención tributaria. Esta negociación se complementó en 2002 con otra solicitud que hacía referencia a la exención de los tributos generados hasta ese momento.

Sin embargo, el ayuntamiento nunca respondió, por lo que tácitamente expresaba su voluntad de reconocerle el carácter excepcional que tiene la relación tributaria que existe entre el consistorio y la universidad.

Por último, una vez se regularizó la situación patrimonial de la ULL, aclarando la propiedad de algunos edificios que integran los distintos campus, y tras la modificación de la Ley de Universidades Públicas, se realizó una nueva solicitud formal en 2010 para la exención del 95% del tributo del IBI, que se reiteró en 2011.