La falta de dinero de las administraciones públicas está haciendo que los gestores de lo público vuelvan a la economía del "trueque". Bajo la simple premisa del "tú me das, yo te doy", el Ayuntamiento de La Laguna y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias están analizando la fórmula apropiada, tanto desde el punto de vista legal como jurídico, que posibilite un acuerdo que beneficie a ambas partes en relación a dos cuestiones que, de no llegar a un acuerdo, podría lastrar la sostenibilidad económica tanto del consistorio como de la Universidad de La Laguna (ULL).
La negociación pasa por vincular la deuda de seis millones de euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que mantiene la ULL desde 2008 y la sentencia de 2010 que obliga al consistorio a expropiar e indemnizar con cinco millones de euros a los propietarios de un terreno ubicado en Geneto.
La premisa de partida es simple y se basaría en un contrato de compensación, una especie de pacto de caballeros por el que el ayuntamiento se comprometería a exonerar del pago del IBI que adeuda la ULL, a cambio de que la Consejería de Educación se haga cargo del coste de la citada expropiación, ya que la mayor parte del terreno (de 31.000 metros cuadrados de extensión) está calificado en el PGO vigente como suelo de uso docente universitario público. Todo ello, con los flecos que habrá que negociar y que podrían pasar por que el consistorio decida aprobar una bonificación del 95% del IBI con carácter retroactivo o por que Educación solo abone parcialmente la expropiación mediante la firma de un convenio plurianual.
Pese a que todavía es pronto y no existe nada decidido al respecto, la intención del consistorio de llegar a una solución pactada en ambos asuntos es clara. Fue el propio alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, el primero que vinculó ambos temas ante los medios de comunicación en la rueda de prensa conjunta con el rector de la ULL, Eduardo Doménech, organizada para "vender" la buena voluntad existente entre ambas partes para resolver la situación tributaria de la institución académica.
En aquella ocasión, el primer edil ya vaticinó la intención del ayuntamiento de bonificar, a partir de 2012, con hasta el 95% (tal y como permite la ley) el pago del IBI a la universidad. Sin embargo, al mismo tiempo "dejó caer" que también esperaba la colaboración de la Consejería de Educación (sobre todo económica) en la forma de ejecutar la referida sentencia del TSJC que obliga a un pago millonario.
En este sentido, cabe especificar que el consistorio ya activó el procedimiento administrativo para repercutir a la Comunidad Autónoma el coste de la expropiación al ser la administración interesada en obtener el dominio sobre esa parcela. Desde el ayuntamiento admiten que el pago por este suelo afectaría de forma significativa a la ya maltrecha hacienda pública y no están dispuestos a desembolsar cinco millones de euros por un suelo que fue reservado para la ampliación de la ULL a propuesta de Educación y que, además, está afectado por la huella acústica que estableció AENA por el impacto del aeropuerto de Los Rodeos, por lo que tampoco se le puede dar uso residencial o sanitario en el nuevo PGO que la gerencia de Urbanismo está tramitando en la actualidad.
El prestigio no se paga
En cuanto al IBI que debería pagar la ULL por los edificios de su propiedad entre los años 2008 y 2011 (seis millones de euros), la institución académica ya ha recordado la presentación de escritos al consistorio que, desde 1999, demostrarían la preocupación de la ULL por regularizar su situación tributaria.
Asimismo, reiteran que la bonificación del 95% en el pago del IBI vendría motivada, tal y como recoge la ley, por la contribución socioeconómica que hace la universidad al municipio. En este sentido, cabe especificar que la ULL ya aprobó, en su plan de gobierno de este año, la ejecución de una medición de este impacto en la ciudad de La Laguna.
En todo caso, existen antecedentes de otros estudios similares llevados a cabo por otras universidades españolas en las que se viene a cuantificar que, por término medio, por cada euro que se invierte en la universidad repercuten cuatro euros a nivel municipal. De ahí, que se bonifique a las universidades, dado el efecto favorable que tiene en el tejido socieconómico regional y, de forma particular, en el municipio donde se insertan.
Hasta ahora el nivel de colaboración y cooperación entre el ayuntamiento y la universidad siempre ha sido muy alto con la participación conjunta en varios foros y órganos de debate municipales. Sin embargo, desde el ámbito universitario se entiende que, por parte del ayuntamiento, ha existido una arbitrariedad al no resolver las solicitudes de bonificación, toda vez que la solicitud de subvención fue anterior a la fecha en la que el consistorio reclamó la deuda y que es potestad del ayuntamiento hacer una exención de los tributos pendientes de cobro o, al menos, pronunciarse en uno u otro sentido al respecto.
Falta de conexión
Lo que queda claro, desde el ámbito universitario, es la necesidad de establecer una conexión entre el cobro de las referidas cantidades del IBI para poder hacer frente a las exigencias jurídicas de la expropiación de la parcela de Geneto. Una vinculación forzosa para buscar las vías necesarias de financiación alternativas que compensen una situación de déficit si el ayuntamiento asume, finalmente, la sentencia de la expropiación.
Por otro parte, la búsqueda de alternativas que puedan descargar al consistorio lagunero de la presión que supone la referida sentencia judicial y poder hacer partícipe a otras administraciones de forma compartida para costearla, son los objetivos fundamentales que se marca el Ayuntamiento de La Laguna.
Así, si la Consejería de Educación afronta el pago de la expropiación, el consistorio podría permitir una exención total de la deuda por el IBI. "Una cosa podría compensar la otra", apuntan desde el ámbito universitario para referirse a una solución que no deja de ser una práctica que existe desde tiempos inmemoriales.