El informe sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 del Ayuntamiento de El Rosario incluye un resumen de todas las resoluciones adoptadas por el alcalde, Macario Benítez (PSC), contrarias a los reparos planteados por la Intervención General del consistorio en el que se expone la necesidad de impedir el fraccionamiento de los contratos de servicios o suministros para no vulnerar la legislación de contratos del sector público.

Del total de los 47 informes de reparo efectuados durante el año pasado y que el primer edil levantó para continuar con el procedimiento administrativo, la mayoría tienen que ver con lo que el interventor entiende como "defectos en la tramitación de contratos", "falta de requisitos en la tramitación de contrato menor" o "fraccionamiento de contrato por falta de contratación de los mismos y otros defectos".

El interventor sostiene que, una vez examinados los contratos de servicios, de suministros o de obras tramitados como contratos menores (es decir, por un importe inferior a 18.000 euros), deberían haber sido realizados a través de procedimientos ordinarios de contratación, bien por concurso, bien por procedimiento negociado, ya que el objeto del contrato es el mismo. Entiende el órgano fiscalizador del consistorio que el fraccionamiento de los contratos para disminuir la cuantía de los mismos "vulnera las prohibiciones sobre fraccionamientos de contratos previstas en la Ley de Contratos del Sector Público".

El informe alerta de esta práctica en multitud de contrataciones realizadas durante 2011 que suman un importe total de 2.644.036,2 euros. Entre ellas destacan algunas como las realizadas con Endesa, por 624.556,50 euros; la Comunidad el Canal de Araya, por 303.391,07 euros; Robayna Suministros SL, por 298.231,24 euros; Emmasa, por 235.088,57 euros; o Combustibles Ruta del Teide, por 116.384,92 euros.

En todos los casos la conclusión de la Intervención es la misma: "las contrataciones superan los límites cuantitativos legales (18.000 euros, IGIC excluido), existiendo en este caso de forma clara un fraccionamiento de contratos para evitar procedimientos más gravosos de contratación contrario a la legislación vigente". Dicho de otro modo, el interventor se queja de que el ayuntamiento divida los contratos para disminuir su cuantía y poder adjudicarlos "a dedo", mediante la figura de contrato menor, sin necesidad de convocar un concurso público.

Cabe aclarar que por debajo de los 18.000 euros cualquier administración pública puede contratar directamente con empresas de inserción, sin concurso público, sin pedir presupuesto a otras empresas y sin publicidad. En estos casos el único trámite necesario es la aprobación del gasto y la presentación de la factura. Además, a partir de 2008 los topes se elevaron a los 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras.

Por otro lado, el informe de la Intervención General también detalla algunas anomalías detectadas en materia de ingresos. Así, concluye que la mayoría de los informes negativos del interventor se refieren a la gestión del padrón municipal del suministro de agua, observándose discrepancias con las altas en el mismo o con la gestión general del servicio.

Asimismo, el informe advierte de que existen diversos servicios públicos municipales financiados con tasas o precios públicos "que son claramente deficitarios". Entre ellos, el suministro de agua, la recogida de residuos sólidos urbanos, la realización de cursos y talleres culturales o la prestación del servicio de acogida en las escuelas infantiles municipales.

Por último, en otros expedientes, el interventor también cuestiona la improcedencia del abono de horas extraordinarias o el incumplimiento del contrato de redacción de proyectos.