El concejal del grupo municipal Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, advierte de que el plan de ajuste "salvaje" que el gobierno del PP ha impuesto a los ayuntamientos significará que en los próximos años el pago a proveedores, incluso a aquellos de servicios superfluos, sea la principal prioridad de la actividad municipal. Y esto implica que el dinero que se dedique a pagarles habrá que restarlo de servicios de especial trascendencia social, que tendrán que financiarse con tasas o mediante el copago.

"Así es que o hay una reducción de los servicios o hay que establecer el copago o cobrarle a los vecinos tasas o precios públicos, o subirlos en los servicios en que ya se pagan (como el abastecimiento o depuración de agua, recogida y tratamiento de basuras o transporte público), lo cual no hace sino agigantar la factura social de la crisis, que impone con gusto y hasta términos de implacabilidad el gobierno del PP", apuntó el concejal de Por Tenerife.

Pérez señala que el Ayuntamiento de La Laguna está en una especie de "huida hacia adelante" que le obligará a establecer sistemas de copago para la prestación de los principales servicios municipales. "Si en el año 2015 iba a recuperar cierta capacidad financiera porque se terminaba de pagar algunos préstamos importantes, ahora se embarca en una nueva operación de endeudamiento, prácticamente impuesta por el gobierno del Partido P, que va a dejar su hacienda comprometida durante los próximos diez años".

El concejal de Por Tenerife habla de servicios deficitarios como la asistencia domiciliaria (3.177.165 euros), actividades extraescolares (casi 750.000 euros), los servicios que presta el centro de mayores Acaymo (más de 200.000), el programa de absentismo escolar (con un déficit de 219.000), o los servicios que prestan los organismos autónomos de Deportes y Actividades Musicales (éste último asume el compromiso de aprobar mediante ordenanza un incremento del importe de las matrículas de la Escuela Municipal de Música).

Santiago Pérez tiene claro que el PP ha utilizado una finalidad justificable para "someter a todos los ayuntamientos a un plan de austeridad que consiste simplemente en trasladar a ras de calle todas sus recetas, que son las que están demostrándose ineficaces para afrontar la crisis y que al mismo tiempo están imponiendo una factura social catastrófica".

De esta forma, a juicio de Pérez, el mecanismo obligatorio de pago a los proveedores, que el Gobierno de España dice que tiene que aplicar, consiste en imponer a los ayuntamientos una obligación de información, comunicando al Ministerio de Hacienda, en una información certificada por el interventor, el volumen real de la deuda con proveedores.

Una vez establecido esto, los ayuntamientos tienen dos opciones, que en realidad es solo una en las actuales circunstancias: o pagar a los acreedores o endeudarse.

"Para poder endeudarse necesitan elaborar y aplicar un plan de ajuste que va a condicionar la actividad del ayuntamiento durante una década. Si deciden no endeudarse, ni pueden pagar con sus propios recursos, los empresarios podrán satisfacer su crédito con este mecanismo que el gobierno habilita a través de los bancos, y el Gobierno va a ir reteniendo de la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado las cantidades necesarias para el pago a los acreedores", explica Pérez, quien critica la forma de llevar a cabo el Real Decreto aprobado por el Estado para pagar la deuda pendiente con proveedores.