El concejal de Seguridad y Transporte del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, llevará a la Junta de Gobierno del próximo martes el borrador de la Ordenanza de Reductores de Velocidad del municipio que regulará la instalación de los pasos de peatones elevados. La elaboración de esta ordenanza fue aprobada en el pleno de abril de 2010 para que se determinara cómo y por qué se habilitarán pasos elevados en las vías del municipio, de manera que se pudieran satisfacer las numerosas peticiones vecinales en muchos núcleos, al tiempo que se garantizara la seguridad y se minimizaran los riesgos de accidentes que estos elementos representan. La iniciativa surgió por una moción de la edil socialista María José Castañeda (actual concejal de Cultura) en la que se pedía que se estudiasen las solicitudes vecinales para la colocación de estos pasos de peatones elevados y su instalación.

Dos años después de aquella sesión plenaria, José Alberto Díaz explica que la ordenanza está ya terminada y que, tras ser remitida a la Junta de Gobierno, irá a la comisión plenaria y finalmente al pleno para su aprobación inicial, que si no tiene alegaciones se convertirá en definitiva.

El concejal expuso la necesidad de regular estas infraestructuras para mejorar la seguridad vial ya que, hasta ahora, lo que se hacía era colocarlos en aquellos lugares necesarios para garantizar la seguridad vial y cuando estaban contenidos en el proyecto técnico de la vía. Sin embargo, ante la ausencia de normativa reguladora al respecto, la Corporación local se exponía a la interposición de demandas por responsabilidad civil en caso de accidente.

A partir de su entrada en vigor, el área de Seguridad deberá revisar los pasos elevados ya existentes para determinar cuáles cumplen con las especificidades técnicas de la ordenanza y cuáles deberán adaptarse a ella.

Díaz subrayó que la ordenanza especifica los criterios técnicos que, de ahora en adelante, deberán cumplir los pasos de peatones elevados. Ello es debido a que hasta 2008 no existía regulación alguna sobre los reductores de velocidad (comúnmente conocidos como guardias muertos) ni en las carreteras estatales, tampoco en las de ámbito provincial, insular o travesías y menos aún en las vías urbanas. Por ello, se produjo un vacío normativo en los ayuntamientos, al tiempo que se fue desarrollando una demanda vecinal que instaba a la colocación de los reductores de velocidad. Fue el Ministerio de Fomento el que primero legisló sobre la materia después de aprobar en 2008 la Institución Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Ante la escasez actual de recursos, el concejal de Seguridad manifestó que se deberá priorizar muy bien la instalación de este tipo de elementos de seguridad vial, después de consultar las peticiones ciudadanas y de verificar dónde existe mayor riesgo de accidente, ya que los pasos de peatones elevados cuestan en torno a 4.000 euros, dependiendo del tamaño de la calzada.

En el borrador de la ordenanza se determina que, de forma general, es la señalización vial el medio utilizado para indicar las reducciones de velocidad. No obstante, resalta que existen vías en que bien por su trazado, su sección o el comportamiento poco cívico resulta conveniente aplicar otros medios adicionales como los reductores de velocidad y las bandas transversales de alerta.

En el municipio, actualmente existen varios tipos de pasos de peatones elevados instalados en San Luis Gonzaga, avenida de La Candelaria, San Bartolomé de Geneto, curva de Gracia, avenida El Paso, avenida La Libertad o avenida Lora y Tamayo.