IR-Verdes informa de que "el grupo de gobierno del Ayuntamiento de El Rosario es directamente responsable de la suspensión del Plan General (PGO) por los tribunales", según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El portavoz del citado grupo de la oposición, Escolástico Gil, recuerda que en el pleno extraordinario del 25 de mayo de 2006, ya advirtió de que el PGO de El Rosario "no podía prosperar si se obviaba aplicar la Ley 9/2006". Esta ley, según explica Gil, procede de una disposición europea que obliga a realizar un informe de sostenibilidad sobre los efectos medioambientales, las medidas para prevenir los impactos y un análisis más exhaustivo sobre las alternativas que los previstos en la legislación canaria.
En el acta del pleno mencionado, la intervención de Escolástico Gil evidenciaba que la norma debía ser aplicada al PGO: "La exposición pública del plan fue el 25 de octubre de 2005 y la Ley 9/2006 es aplicable con posterioridad al 21 de julio de 2006, en el caso del PGO de El Rosario el primer acto preparatorio formal fue en octubre de 2005, por tanto es de aplicación la ley. El documento aprobado provisionalmente no cumple las exigencias de la Ley 9/2006 por lo que debe devolverse al equipo redactor para su adaptación".
A pesar de la indicada advertencia legal, el grupo de gobierno, como señala Escolástico Gil, "siguió adelante con el texto hasta que recientemente lo ha suspendido el TSJC, al estimar que no está suficientemente motivada la decisión de la Cotmac de no someter este planeamiento a la evaluación medioambiental prevista en la Ley 9/2006, tal y como había advertido IR-Verdes hace ya seis años".
Gil dice que "los costes de saltarse las leyes los pagan los vecinos, se pierde tiempo y dinero por las trapisondas del alcalde de El Rosario con la Cotmac que, de manera premeditada, se acogieron a subterfugios legales para evadir la adecuación del PGO a los principios del desarrollo sostenible".