La intervención del ayuntamiento de La Laguna con su apoyo económico y la negociación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) evitaron ayer el desahucio de una familia compuesta por nueve personas de los que tres de ellos eran menores. En este sentido, el martes al mediodía se acordó suspender el desahucio de una vivienda de la Urbanización Porlier que iba a ejecutar Visocan, la empresa pública del Gobierno de Canarias, debido a la presión ejercida por la propia plataforma y la intervención directa de la Concejalía de Asuntos Sociales de la corporación lagunera con la aportación de una ayuda económica de asistencia al alquiler de unos 1.400 euros para rebajar la deuda acumulada, según se confirmó ayer desde la propia corporación.

Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, la suspensión supuso un auténtico alivio para la familia, que se mostró "contenta", sabedora de que no soluciona del todo el problema, ya que se trata de una suspensión y se puede volver a repetir la situación, señalaron fuentes de la propia familia afectada, que quería agradecer "todos los apoyos recibidos".

La representante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Inma Évora, también se mostró feliz porque al final no se produjo el desalojo y criticó abiertamente que "es incoherente que la empresa del Gobierno de Canarias, que es Visocan y que fue creada con claros fines sociales, intente ejecutar una cosa como esta. Además, hay muchas viviendas públicas que se encuentran deshabitadas, por lo que un desahucio en estas condiciones sólo se puede entender porque quieren sanear unas cuentas por una mala gestión".

"Visocan, o lo que es lo mismo, Viviendas Sociales del Gobierno de Canarias, desahucia a las personas y es inconcebible sobre todo porque se dedican a lo que se dedican. Es algo que nadie entiende por qué suceden estas cosas cuando se debería estudiar los casos y las circunstancias específicas de cada situación", aportó.

Évora señaló que "ahora la presión y otras medidas que hemos realizado han permitido visualizar la situación y ésta es una fórmula de presionar porque es una empresa del Gobierno de Canarias la que intenta dejar fuera a una familia olvidando la función social de las viviendas públicas que gestiona".

La representante de la plataforma antidesahucio agradeció el trabajo realizado por todos los afectados en el asunto de suspender el desalojo, pero no quiso dejar escapar la ocasión de indicar que "una voluntad política para solucionar todo esto se demuestra erradicando este tipo de prácticas. Hay que hacer una medida que se pudiera aplicar siempre y en todos los casos para evitar lo que está ocurriendo, no ya sólo aquí, sino en todas partes", dijo para concluir.