Casi catorce años después está previsto que hoy, lunes, se inicie el juicio por el presunto intento de secuestro de la exconcejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Laguna Raquel Lucía Pérez, ocurrido en 1999.
En el banquillo se sientan un exfuncionario municipal, Nicolás Baute, y los empresarios Tomás Núñez y Valentín Luis, acusados de conspiración para cometer un delito de detención ilegal.
Los hechos se remontan al tiempo en el que Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), ocupaba el cargo de alcaldesa de La Laguna, municipio que cogobernaba en virtud de un pacto con el PP. Entre ambas formaciones sumaban catorce concejales frente a los trece del PSOE, liderado entonces por Santiago Pérez.
Este frágil equilibrio corría el riesgo de romperse por los rumores que apuntaban a que Raquel Lucía Pérez, descontenta por su ostracismo, podría apoyar una moción de censura que desbancaría a nacionalistas y populares del sillón de la alcaldía.
En este contexto, el entonces funcionario se habría reunido el 13 de diciembre de 1999 con los empresarios y en aquel encuentro, según una grabación que se considera la prueba sólida del caso, el empleado municipal habría propuesto ciertas "compensaciones" a los empresarios por el secuestro de la edil del PP, impidiendo su voto y abortando de esta manera la moción de censura.
Lo cierto es que, poco después de esta cita, el empresario Tomás Núñez denunció los hechos.
En principio, parece que la única acusación que ha sido admitida por la juez que lleva el caso es la del propio Ayuntamiento de La Laguna, que se personó en el caso a pesar de ser parte de los acontecimientos.