El edil de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, ha registrado este martes una denuncia administrativa contra el Ayuntamiento lagunero por las que consideran unas nuevas modificaciones irregulares del proyecto de reforma de la plaza de la Catedral, dirigidas a la Dirección General de Cooperación y Patrimonio del Gobierno canario y a la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo.
Mena cree que los responsables de la obra han variado de forma unilateral el proyecto presentado ante los vecinos, la oposición y los responsables insulares de patrimonio, eliminado una parte significativa del escalón basáltico perimetral y demoliendo totalmente los restos del estanque ubicado en la esquina de la calle Bencomo. “Una vez más el Gobierno local aplica una política de hechos consumados y actúa a espaldas de la ciudadanía”, explica.
En el escrito de denuncia se incide en laintensa polémica que ha generado esta reforma entre vecinos, técnicos y especialistas, al tratarse de un espacio señero de la ciudad histórica, un papel reconocido en el Plan Especial de Protección del Casco, que contempla los espacios públicos catalogados emblemáticos dentro del conjunto histórico para dejar constancia específica de su protección.
Recuerdan que inicialmente el proyecto de reforma de la plaza de Los Remedios, presentado por la empresa Arquitectura Urbanismo y Cooperación SL y aprobado por los responsables municipales, contemplaba una serie de cambios drásticos en este entorno urbano que a juicio de diversos técnicos representaban una vulneración de los valores patrimoniales de este entorno. A raíz de esta situación y del informe presentado por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife el 7 de noviembre de 2013, se elaboró con técnicos municipales un nuevo proyecto que fue entregado en enero de 2013 y presentado a los representantes de la oposición y los vecinos, proyecto que según el concejal “ha sido modificado una vez más sin consultar a las instituciones responsables y a la ciudadanía”.
Afirman que esta modificación del proyecto inicial no ha sido notificada hasta el momento a ninguno de los representantes vecinales o de la oposición municipal, dudando igualmente que se haya realizado con el consentimiento de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife o del Gobierno canario. En este sentido entendemos que una vez más se está vulnerando el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de Canarias, que establece que el Gobierno de Canarias debe “Ejercer la alta inspección de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos en el ejercicio de las competencias transferidas o delegadas, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias”, entendiendo en este caso que se está poniendo en peligro un patrimonio colectivo que nuevamente se modificó sin la preceptiva aprobación técnica de las instituciones competentes.
La formación ecosocialista explica que este edificio y su entorno está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional desde el 5 de octubre de 1983, y que según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 16: “Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley”. Juan Miguel Mena indica que su intención es la de intentar mejorar el proyecto, para que sea lo más respetuoso con este patrimonio colectivo y que no se actúe sin consenso, más aún en un tema como el de la accesibilidad de la plaza, donde desde Sí se puede han planteado públicamente alternativas como rebajes laterales en la zona de Dean Palahi y la calle Bencomo.
Renuncia de la señora Cerrillos
El concejal de Sí se puede cree también que la noticia de la renuncia de la empresa que durante los últimos años ha gestionado el Plan Especial de Protección del Casco Histórico lagunero es una excelente oportunidad para devolver esta labor al Ayuntamiento. “Es el momento de recuperar una gestión totalmente pública, que supondría un ahorro de más de 400.000 euros en los próximos dos años”, afirma.
Mena cree que a través de la propia Gerencia de Urbanismo o mediante Muvisa, “podríamos gestionar con plenas garantías el patrimonio colectivo, evitando episodios como el del primer proyecto para la plaza Catedral, con un coste de más de 17.000 euros y que acabó directamente en la basura por no ajustarse a los criterios insulares de patrimonio”.