En los tiempos que corren tristemente resultan habituales, y ya casi ni sorprenden, las acuciantes demandas de vivienda por parte de familias necesitadas.

El hecho objetivo es que en la actual coyuntura de crisis, la lista de peticionarios resulta interminable -y no para de crecer-, como sucede con los más de 2.500 solicitantes de una vivienda protegida de promoción pública, en régimen de alquiler, que aparecen inscritos en las listas elaboradas por el Instituto Canario de la Vivienda tras el sorteo celebrado el pasado mes de febrero y referidas al municipio de La Laguna.

En aquel sorteo, realizado ante notario, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Sulbey González, subrayó el esfuerzo continuo que se viene desarrollando en el departamento que dirige, con el fin de para adjudicar las viviendas que han quedado vacías a quienes más lo necesitan.

Esta entrega en segunda o posteriores adjudicaciones representa una fórmula que ofrece alternativas a familias con grandes dificultades, en su mayoría mujeres con cargas familiares y sin ningún recurso ni posibilidad de acceso a una vivienda por su cuenta.

La limpieza de este proceso de selección queda asegurada gracias a unos avanzados sistemas de seguridad, a través de la aplicación "Generación de series de números aleatorios para actas de sorteo" de la Plataforma Telemática del Consejo General de Notariados. Además, también se ha procedido a revisar que todas aquellas personas que han resultado adjudicatarias por sorteo siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por ley, unas condiciones que manifestaron a la fecha de cierre del plazo para acceder a este grupo de viviendas.

El coste de las mensualidades que deberán abonar las familias adjudicatarias está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las particulares condiciones económicas y familiares de cada familia, llegando a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es muy precaria. Tal y como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquile.

Lo cierto es que las posibilidades son remotas, aunque la esperanza nunca se pierde. De hecho, el departamento canario de Vivienda alojó en el año 2013 a un total de 80 familias canarias con muy escasos ingresos y circunstancias especiales por el sistema de adjudicación directa, en viviendas de promoción pública en alquiler que habían quedado vacías por diferentes circunstancias y que fueron recuperadas por el Gobierno de Canarias.