María del Rosario Alberto y su familia han conseguido unos días más de tiempo en espera de que se pueda resolver su desahucio. La fecha del aplazamiento del lanzamiento de su vivienda, situada en la calle Morales en su intersección con la avenida La Trinidad, se ha retrasado hasta el 15 de octubre después del acuerdo alcanzado en los juzgados entre los representantes de la entidad financiera que propuso el desalojo, Citybank, y los concejales de Seguridad Ciudadana y Policía, José Alberto Díaz, y el de Servicios Sociales, Miguel Ángel González.

Desde luego, María del Rosario y los cinco miembros de su familia afectados por la resolución son conscientes de que "los problemas no acaban aquí. Hay veinte días más por delante en los que puede pasar de todo", dijo con voz entrecortada y con los ojos aguados tras irse la Policía, los representantes del juzgado y el cerrajero contratado por la parte denunciante.

Lo que sí tiene claro, es que no quiere "hacer un show de todo esto", reconoce con vergüenza y discreción, para añadir que "si no se acaba con esta locura entregaré las llaves de la casa el día antes de que se cumpla el plazo. No podemos hacer nada más", apuntó con resignación.

Una de sus hijas, Raquel Rivero, agradeció el trabajo realizado por el Ayuntamiento de La Laguna, "artífice de que no nos quitaran la casa hoy, algo que es una injusticia. Lucharemos hasta el último momento, pero no podemos asumir las condiciones que nos da el banco si nadie nos ayuda".

Lo cierto es que la firma del aval de María del Rosario a su hijo por la compra de un coche ha pasado factura, tanto que se ha convertido en una auténtica pesadilla para una familia de seis miembros (dos menores entre ellos).

Una hora antes, la nieta no podía con la presión y evitó esperar la intervención judicial y la Policía en la casa, en el tercer piso del Bloque 23. Soleyma, que así se llama, se ahogaba de tristeza en los bajos del edificio mientras que vecinos y conocidos les daban ánimos.

Por delante de ella, a las 09:35 horas, veía como el equipo judicial y cinco agentes de la Policía Nacional entraban en el edificio para ejecutar la orden de lanzamiento al no confirmarse lo que hasta unos minutos antes Raquel Rivero anunciaba, la noticia del aplazamiento hasta el 15 de octubre.

Ya arriba, el teléfono de la comisión echaba humo para confirmar el acuerdo, mientras un representante leía el documento judicial que le permitía la entrada en la vivienda y posterior desalojo.

Finalmente, a las 10:00 horas, la noticia se confirmó y los secretarios judiciales y los agentes bajaron y abandonaron el lugar.

La solución pasa por el abono de 20.000 euros para liberar la casa, "una burrada porque no ponen plazos, sino lo quieren de golpe. Todo por 8.000 euros", dijo con muchísima amargura María del Rosario a las puertas del edificio.

Trabajo en el Juzgado

Los concejales de Seguridad y Servicios Sociales, José Alberto Díaz y Miguel Ángel González, respectivamente, hicieron acto de presencia en el lugar del desahucio unos minutos. Ambos reconocieron que la negociación fue a contrarreloj y que no es la solución definitiva. "El ayuntamiento fue avisado ayer por la tarde, casi sin tiempo para nada, pero finalmente se logró el aplazamiento", dijeron.

La PAH estuvo presente

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hizo acto de presencia y no dejó a solas en ningún momento a las afectadas. Mostraron su apoyo en todo momento a María del Rosario.

Despliegue policial

Dos furgones de la Policía Nacional esperaban desde las 08:00 horas a las puertas del edificio. Nueve agentes estaban listos y dispuestos para cumplir su trabajo, pero en esta ocasión a más de uno se le vio incómodo. "Ellos son también personas", dijo un asistente.