El todavía alcalde de El Rosario, Macario Benítez, y seis personas más que formaban parte del equipo de gobierno en el mandato 2003-07, entre ellas la consejera insular Ana Lupe Mora y la secretaria municipal, María Anita Alonso, se sentarán en el banquillo de los acusados entre el 14 y el 18 de septiembre en el marco del denominado caso Varadero, surgido tras una denuncia de IR-Verdes.
Así lo fija un señalamiento del Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, fechado el pasado martes y al que tuvo acceso ayer este periódico.
Precisamente, una de las acusadas en este caso, Ana Lupe Mora señaló ayer durante la presentación del partido con el que concurrirá a las próximas elecciones municipales, Vecinos por El Rosario, que está "contenta" de que se inicie el proceso tras ocho años con el "cartel de imputada".
"Ha sido un verdadero lastre para mi vida personal y para mi carrera política, pues durante todo este tiempo me he sentido maltratada e indefensa", enfatizó Lupe Mora.
La también exedil rosariera de Urbanismo se expone, como Macario Benítez y la secretaria municipal, a ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Junto a ellos también se sentarán en el banquillo de los acusados el todavía concejal de Aguas, Abel Acosta; Andrés Hernández (expresidente de la Comisión de Urbanismo); María Elba Delgado (exconcejal miembro de la Comisión de Urbanismo) y Laurentino Quintana (exconcejal miembro de la Comisión de Urbanismo).
Como se recordará, la fiscal Inmaculada Violán consideró en su escrito de conclusiones, remitido en 2012 a la jueza que instruía el caso, que los acusados son autores de un delito de prevaricación administrativa, por tramitar y aprobar de forma "arbitraria" en 2004 el plan parcial de Varadero, para construir casi mil viviendas entre Tabaiba y Barranco Hondo, "con plena conciencia" de que era ilegal.
Y ello es así porque, tal y como acreditaron sentencias judiciales dictadas en 2006, 2007 y 2011, esta operación urbanística debió quedar suspendida desde 2001 en aplicación de la Ley de la Moratoria y porque los terrenos en cuestión -si bien eran urbanizables en el planeamiento municipal- fueron protegidos en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como rústicos por sus valores medioambientales.
Lo que dijo Lupe Mora
En su declaración ante la jueza y la fiscal, en 2009, la por entonces concejal de Urbanismo rosariera, Ana Lupe Mora, reconoció que había informes desfavorables sobre el plan parcial de Varadero. "Una cosa son los informes para la aprobación del plan parcial y otra los informes respecto de la aprobación por silencio positivo", dijo a preguntas del Ministerio Fiscal, ante quien añadió que "sabía que había informes desfavorables y condicionados a que se arreglaran una serie de cuestiones para la aprobación del plan parcial".
Además, reconoció que la postura del ayuntamiento era "favorable" a que se mantuviera como suelo apto para urbanizar. "Como gestores políticos sería poco justificable respecto a la gente que está esperando del Ayuntamiento una respuesta favorable a sus intereses", dijo.