El Plan General de Ordenación (PGO) regresó ayer con fuerza al salón de plenos de La Laguna, que volvió a registrar un lleno absoluto. El controvertido documento, que el pasado mandato capitalizó gran parte de los debates plenarios, volverá a hacerlo, con consenso o sin él. Eso dependerá de la cintura con la que acudan a negociar los nuevos concejales, y los que no lo son.

El alcalde, José Alberto Díaz, consideró ayer necesario "pacificar" el Plan General para buscar el elemento del consenso que ha faltado hasta ahora, aunque este no signifique "unanimidad".

Para ello, el regidor se mostró partidario, incluso, de "tirarlo todo abajo, coger el 10%, el 20% o el 90%". "Sin renunciar al pasado, lo que sí pretendo es abrir el futuro, pero para eso hace falta predisposición y voluntad de todos", advirtió.

Todo ello con el objeto de "finalizar" el debate que comenzó hace siete años. En esta línea, volvió a ofrecer sus "compromisos" por La Laguna, entre los que figura como punto destacado el Plan General. "Dije que estaba dispuesto a que me dieran un texto sustitutivo para yo poder estudiarlo y firmarlo", recordó.

La de Díaz fue la última intervención de la tarde. La que pretendió cerrar un debate que, sin embargo, no parará de reabrirse. Antes habían sido los vecinos los que habían tomado la palabra en el pleno. Hasta cuatro diferentes, de El Centenero, Tejina, de la plataforma de Valle de Guerra y Guamasa y de la Asociación Comarcal Democrática.

Cada uno con sus formas pero todos con parecidos argumentos: rechazo al actual documento y necesidad de más participación de los ciudadanos en su elaboración.

Casi la misma línea que mantuvieron los grupos de la oposición. Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife, remarcó que es necesario aprobar un PGO, "pero no pronto, sino bueno". "Lo importantes es que el plan que se apruebe esté ampliamente consensuado. El actual tiene un problema de origen: se evitó que hubiera una discusión sobre el modelo de municipio", aseveró.

Rubens Ascanio, de Unid@s se Puede, fue más crítico aún. "El 24 de mayo hubo un referéndum sobre el PGO y la mayoría dijo que no quieren el documento de CC", afirmó. "Está desarrollado para determinados intereses y marca un desarrollo innecesario", añadió el portavoz de Unid@s.

Mientras, Teresa Berástegui, de Ciudadanos, insistió en la necesidad de buscar una "postura común", y consideró "inadmisible" que la ordenación del territorio esté "paralizada". Al igual que todos sus compañeros de la oposición, exigió que el gobierno municipal conteste las alegaciones presentadas.

También con tono conciliador se manifestó Antonio Alarcó, portavoz del PP, quien recordó que los suyos se han sumado al compromiso del alcalde para sacar adelante el Plan General. El edil del PP alertó de que un ayuntamiento sin PGO "no funciona, pero un ayuntamiento con un mal PGO lo hace peor". "Un PGO no puede ser un problema, y lo está siendo", dijo.

En la votación de las mociones, diferentes interpretaciones y lecturas políticas. La que dio origen al debate, planteada por las plataformas en contra del PGO de Valle de Guerra y Guamasa y asumida por Unid@s se Puede y Por Tenerife, fue aprobada con los votos de la oposición, 14 frente a 12. Es decir, que perdió el grupo de gobierno.

Claro que antes de esta se había aprobado otra, de sustitución, presentada por CC y PSOE, con el apoyo del PP. ¿Cuál era la que valía? Según el criterio del secretario, expresado por el alcalde, la primera anulaba a la segunda. Para la oposición ya daba igual porque habían derrotado al gobierno municipal.

Sobre el contenido de ambas, y aunque había cierta similitud, el planteamiento de permitir el análisis de una alternativa cero que recogía la moción de las plataformas evitó cualquier tipo de acuerdo. Y eso que el PP, a través de Alarcó, lo intentó. No fue posible. Los proponentes lo rechazaron.

Ayer también se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por la Asociación de Vendedores Ambulantes de Canarias (Avanca) y asumida por Unid@s en la que se pedía, entre otras cuestiones, que la nueva ordenanza municipal se apruebe en el plazo más corto posible.

La concejal del área, María José Castañeda, se comprometió a trabajar en la norma, pero no a poner fecha, pues es una ordenanza muy complicada y en ella intervienen varios departamentos.

Del mismo modo, el Pleno aprobó por unanimidad la moción de sustitución que había presentado CC a una de Unid@s se Puede sobre el suministro de agua en viviendas con alquiler social. Con la modificación introducida, la moción se hace extensiva todo el municipio, y no solo a casos detectados en Taco y La Cuesta, siempre con informes técnicos y jurídicos.

El pleno también dio cuenta de los nombramientos del personal de confianza, con una sorpresa: en los que pertenecen a CC figura un asesor (gestor) asignado a Ciudadanos. La oposición llamó la atención sobre el asunto, pues no se le ha permitido hacer lo mismo. El alcalde indicó que el asunto está pendiente de un informe de los servicios jurídicos.

A vueltas con la depuradora de Santa Cruz

Entre las cinco mociones institucionales que se aprobaron ayer, todas ellas con mucho debate, pero aprobadas por unanimidad, destacó la de la estación depuradora de aguas residuales de Santa Cruz. Con un texto algo distinto al que se había entregado, la moción recoge en su punto 4 "encomendar a los servicios técnicos jurídicos del ayuntamiento que tomen cuantas medidas sean necesarias para garantizar que ha habido un estricto cumplimiento de los acuerdos suscritos a lo largo de los años entre los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, así como entre Teidagua y Emmasa, para la depuración de las aguas, con el objetivo de defender ante las instituciones competentes los intereses de los laguneros".

En ella se insta también al Cabildo a que se haga cargo de la gestión de la estación depuradora de Cabo Llanos y a que declare de emergencia la ejecución de las actuaciones de mejora. Del mismo modo, se solicita al Gobierno central que mantenga los compromisos anunciados para poder acometer las obras de mejora.

En otra de las mociones, para llevar la electricidad al barrio de Las Nieves, en Finca España, la nota discordante la pusieron el edil de Servicios Municipales, Javier Abreu, y el interventor, después de que este último advirtiera de que el expediente no tenía el visto bueno de Intervención. "Hemos seguido el mismo procedimiento que en el barrio de Las Palomas. Creo que el interventor se ha tirado a la piscina", le afeó el edil.