Macario Benítez, exalcalde socialista de El Rosario, siempre ha sostenido que el caso Varadero no merece ese nombre ni que le hayan imputado por nada. Por eso, ayer intentó, incluso, evitar su declaración en la primera sesión del esperado juicio. Lo hizo esgrimiendo que sufre párkinson, pero, a petición de la jueza, el correspondiente informe del forense que precipitó esta situación desbarató la estrategia y obligó al exmandatario a subir al estrado, aunque para responder solo a las preguntas de su abogado. Por supuesto, reiteró sus argumentos de siempre sobre la legalidad de la actuación de su gobierno sobre la frustrada urbanización de mil viviendas prevista en esta zona del litoral del municipio, proyecto finalmente abortado por ir en contra de la planificación insular y de la protección ambiental que tenía ese enclave.

Benítez, que se enfrenta a 8 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, no fue el único que reiteró argumentos. En una sesión intensa de 6 horas, digna de la larga espera por este juicio y los maremotos de tinta que ha desatado, el alcalde durante 32 años apenas estuvo unos minutos en la tarima central del juzgado número 5 de Santa Cruz para repetir que el fax que envió el ayuntamiento en noviembre de 2002 a la Cotmac para paralizar el proyecto se debió a que "alguien" del Gobierno se lo pidió, aunque, como hasta ahora, no recordaba quién. Asimismo, insistió en que no sabía que había informes en contra y minimizó su relación con el promotor, al que conocía como a "cualquier otro empresario".

La siguiente declaración sí que no defraudó. La exedil de Urbanismo, exconsejera insular de Medio Ambiente por el PSOE y ahora portavoz de Vecinos por El Rosario, Ana Lupe Mora, protagonizó el intercambio más intenso, interesante y, por momentos, clarificador ante las perspicaces preguntas del fiscal, Rafael Ruiz, que sustituye a Inmaculada Violán, trasladada de juzgado.

Mora se negó a responder a la acusación particular, que ejerce IR-Verdes, pero no pudo más que refugiarse en que el proyecto contaba con el informe favorable de la secretaria local, para la que, como a la concejal, la Fiscalía también pide 8 años de inhabilitación. Así afrontó las incisivas preguntas (incluso de la jueza, Beatriz Méndez) sobre por qué no se disponía de los informes de la Cotmac y el Cabildo si eran preceptivos. Sobre el fax, indicó que se enteró a posteriori por boca del alcalde. Además, dijo que el expediente nunca se paró, aunque el fiscal le recordó que no hubo novedades de 2002 a 2004 hasta que se aprobó por silencio administrativo, y afirmó que el informe que se le pidió al letrado Fernández Aceytuno fue para reforzar la tranquilidad sobre el proceso.

La secretaria, María Anita Alonso, recalcó la legalidad de todo el trámite, subrayó que el PIOT aún no estaba en vigor, que se eliminaba el uso turístico (obviando los apartamentos y bungalós) y que el fax nunca paró el proceso.

Hoy toca el turno a 19 testigos y la declaración pericial

Aparte de los tres imputados estelares, en la sesión de ayer también intervinieron los otros miembros del gobierno de 2003 a 2007 a los que la acusación participar pide 10 años de inhabilitación (los mismos que para el exalcalde, la edil y la secretaria), si bien la Fiscalía exonera de toda culpa a estos otros inculpados. Se trata de los exconcejales María Elba Quintana, Laurentino Quintana, Andrés Hernández y Abel Acosta. El juicio proseguirá hoy con la declaración testifical de 19 personas y la pericial, así como con la presentación de pruebas. Para mañana, quedará el resto de pruebas pendientes y las conclusiones. De las intervenciones de hoy destaca, sin duda, la del actual alcalde, Escolástico Gil, cuya formación ejerce la acusación particular y que bregó durante años en la oposición con este caso, agriando su relación con el exalcalde y otros miembros del PSOE, su expartido.