Como se preveía, la segunda sesión del esperado juicio por el caso Varadero, con 19 declaraciones de testigos previstas, no defraudó. Para nada. Es más, dejó ayer una jornada intensa desde las 10:00 hasta casi las 21:00 horas, con mucho contenido técnico, intercambios muy relevantes entre la jueza, el fiscal, abogados y declarantes, y diversas contradicciones. Las más llamativas, sin duda, las del promotor de las mil viviendas proyectadas, Amador Díaz, y su propio arquitecto, Alberto Luengo, sobre los usos turísticos iniciales o no de la iniciativa y sobre el número de reuniones mantenidas con el alcalde, Macario Benítez, y la edil de Urbanismo, Ana Lupe Mora, desde que surge la idea, antes de que se aprobara el PIOT (2002), en el tiempo que pasa hasta la aprobación local por silencio administrativo positivo (junio de 2004) y el deambular posterior, con 4 sentencias en contra y una ratificación del Supremo.

Mientras el empresario insistió en diversas ocasiones en que siempre quiso hacer viviendas y solo eso, sin uso turístico, el conocido arquitecto dejó claro ante las múltiples y casi acorraladoras preguntas del fiscal, Rafael Ruiz, y las no menos incisivas del abogado de la acusación particular (IR-Verdes), Pedro Arcila, que al principio sí se contemplaba un hotel de 200 camas. Eso sí, remarcó que eso lo permitían las Normas Subsidiarias aprobadas en 1992, si bien tuvieron que eliminarlo ante la aprobación en 2001 de la moratoria turística. El desfase de ese año lo explicó por las dudas jurídicas que desató esa normativa de "medidas urgentes"; no obstante, luego argumentó que los apartamentos y bungalós que sí contempló su proyecto en sus distintas versiones (lo debió corregir "hasta 7 veces", según lamentó, por los reparos de la arquitecta local) no deben ser concebidos como turísticos, sino residenciales, pues así los concebía y permitía las citadas Normas Subsidiarias.

Aunque su rechazo a que ese tipo de edificaciones son o no turísticas se topó con las dudas del fiscal y de Arcila, el arquitecto también contradijo al promotor al afirmar que hubo diversas reuniones con el alcalde, y no solo una, como dijo el empresario. Además, recalcó que eso es totalmente normal y que también dio por hecho que habría reparos de la Cotmac porque es la tónica habitual ante cualquier proyecto, lo que tampoco convenció al fiscal. Según su argumento principal, no habría juicio si el plan parcial se aprobaba en el ayuntamiento antes de que el Cabildo sacase el PIOT, un paso que no preveía por el retraso de dos décadas que llevaba. Ante eso, y a diferencia de las tesis de la secretaria municipal imputada, dijo que todo se paró hasta que el letrado del promotor les plantea la salida del silencio administrativo, lo que presenta al alcalde junto al empresario. Según su relato, Benítez lo consideró una buena salida. Luego, se modifican las Normas Subsidiarias para retrotraer el expediente a antes del PIOT y que cupiese la obra, retirándose el recurso presentado por el Gobierno regional.

Aunque la declaración de Luengo fue la más intensa, también destacó la del ex director general de Urbanismo del Gobierno, Rafael Castellano, quien tiene claro que el gobierno local era consciente de que habría reparos de la Cotmac y también informes en contra, por lo que se pidió que no se abordase en la famosa sesión del 27 de noviembre de 2002 con el célebre fax enviado desde el consistorio.

En este sentido, la funcionaria de la Cotmac Marta Pérez Sánchez (que informó en contra del plan) afirmó ayer que vio al alcalde en la sede de la Comisión el famoso día 27 de noviembre esperando por el fax. A su informe en contra se le sumó el de otros dos técnicos, Carreteras y otros.

Ediles "en otro mundo" que votan sin saber

La sesión dio para mucho, pero comenzó con intervenciones muy llamativas de los ediles que aprobaron el plan sin que hayan sido imputados. Todos coincidieron en que desconocían las intenciones del promotor y que apoyaron el silencio al decirles que todo era correcto, que no faltaban informes ni había algunos contrarios. Según coincidieron, el expediente local estaba a disposición, pero no lo consultaron y solo preguntaron, en algunos caos, cuando años después fueron llamados a declarar. De todos, sobresalió, sin duda, el exedil de Medio Ambiente Esteban Acosta, quien admitió que votó "sin saber" y, no contento con eso, se atrevió a afirmar que, en esa votación, "estaba en otro mundo", con lo que no podía recordar el debate entre Mora e IR-Verdes.

Tampoco defraudaron Escolástico Gil, actual alcalde, y el también edil de IR-Verdes Jacinto Correa, denunciantes del caso. La defensa, sobre todo el abogado de la secretaria, insistió en saber por qué presentaron la querella que originó este juicio si los tribunales ya les habían dado la razón al impedir la urbanización. Ante la insinuación de si les movían intereses políticos "espurios", recalcaron que detectaron irregularidades desde el silencio y que su abogado les aconsejó recurrir al ser "escandaloso". Tanto el fiscal como la jueza rechazaron el comentario del letrado y recordaron que la denuncia es de la Fiscalía. Otro punto de fricción fue el de cómo accedieron a los informes de la Cotmac si el plan se dejó sobre la mesa, a lo que Gil respondió que son textos públicos aunque no se aborden.

También destacó la intervención de la arquitecta municipal, Ángeles M. Brito, que no paró de recordar sus advertencias de que el plan era contrario al PIOT y a la moratoria, así como sus continuos reparos a lo previsto, usos turísticos incluidos.