Las dos intensas jornadas del juicio por el caso Varadero, la frustrada urbanización de hasta mil viviendas (con apartamentos y bungalós) prevista en esta parte del litoral de El Rosario, han dado mucho juego, expuesto diversas contradicciones entre los acusados de presunta prevaricación y los testigos y, sobre todo, la evidencia genéricamente aceptada entre los medios de que el gobierno local, al menos el entonces alcalde y la edil de Urbanismo, era consciente de que lo previsto iba en contra del PIOT y la moratoria, aparte de tener continuos reparos de la arquitecta municipal e informes contrarios de Carreteras, la Cotmac y otros organismos regionales e insulares.

Aunque la versión de la defensa de Macario Benítez, Ana Lupe Mora, la secretaria, María Anita Alonso, y del resto de ediles imputados se fundamenta en que aprobaron el plan por silencio positivo en junio de 2004 porque todos los informes eran favorables, esto choca con lo expuesto por los cargos o funcionarios regionales y la Cotmac que declararon como testigos. De hecho, en la segunda sesión quedó claro que hubo tres informes contrarios de técnicos de la Cotmac y que, ante ese hecho, el gobierno local pidió mediante el ya célebre fax que se dejara sobre la mesa la iniciativa del orden del día de la comisión del 27 de noviembre de 2002.

Así lo corroboró el exdirector de Urbanismo Rafael Castellano, quien subrayó que, si el gobierno hubiese sido consciente de que el proyecto no iba a ser rechazado en la Cotmac, no hubiera solicitado que se dejase sobre la mesa ese día y lo habría aprobado definitivamente después.

El arquitecto del proyecto, Alberto Luengo, también ahondó en el argumento de que el gobierno local y el promotor que le encarga la urbanización sabían que la Cotmac no lo iba a respaldar, entre otras cosas porque es la práctica habitual de la administración isleña "casi en el 100% de los casos". De ahí que entendiese sus reuniones previas y hasta que fuese muy probable que ambos se desplazasen el citado día a la Cotmac para desbloquear la iniciativa o tomar la mejor medida posible: pedir que se quedara sobre la mesa.

El periodo que pasa entre noviembre de 2002 y junio de 2004, cuando finalmente se respalda el plan parcial por silencio en la comisión y el pleno que destaparon todo, resulta otra de las claves. A diferencia de lo que sostiene la secretaria y otros imputados, en esta fase queda todo paralizado, según señaló, por ejemplo, el arquitecto redactor. No obstante, y en contra de la versión del alcalde, el proyectista admitió también que las reuniones siguieron, principalmente desde que el empresario dispone de un informe jurídico que aconseja tratar de aprobar el plan por silencio, lo que consigue el respaldo del máximo mandatario una vez conocida la estrategia. La clave en este punto radica en si el proyecto que hubiese rechazado la Cotmac es el mismo que el que se aprobó en 2004. Luengo insistió en que hizo 7 correcciones por los reparos de la arquitecta y que, tras eliminar el hotel y los usos turísticos por contradecir la moratoria (que, no obstante, es de 2001), mantuvo los apartamentos y bungalós porque las Normas Subsidiarias no los cree turísticos, opinión que no comparten el fiscal y la acusación.