Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna detectaron en junio varias deficiencias en la Casa Viña Norte que, en cierta medida, precipitaron el abandono de la concesión por parte de los últimos arrendatarios y el cierre del establecimiento.

Según varias fuentes consultadas ayer, en un expediente fechado el pasado mes de junio, los técnicos municipales advirtieron de que el barniz ignífugo de toda la madera del inmueble incumplía la normativa vigente y de que la cocina no era la propia de un restaurante.

En concreto, y según estas fuentes, hicieron hincapié en el sistema de extracción de humo de la instalación. "Para los técnicos no valía", enfatizaron.

Es decir, que esos serían algunos de los requisitos que deberían afrontar los nuevos propietarios -si los hubiera-, si quisieran darle al edificio de la plaza de La Concepción un uso similar -gastronómico- al que le dieron Ignacio González, último arrendatario, y sus socios.

No obstante, a estas exigencias se podrían sumar otras, propias de la normativa actual, si se llegara a producir una nueva apertura del local comercial con otra licencia.

Según las fuentes consultadas ayer, solventar las deficiencias detectadas por la Gerencia de Urbanismo en junio podría costar en torno a 50.000 euros, un gasto que tendrían que afrontar los nuevos propietarios del inmueble.

La Casa Viña Norte, propiedad de Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa), entidad participada por el Cabildo de Tenerife, está en venta desde hace más de un mes por dos millones de euros, una cantidad que varios empresarios han considerado excesiva.

Es más, una tasación realizada hace pocos meses por una entidad financiera rebaja a casi la mitad, 1,1 millones, el precio que le ha puesto Bitsa. Una cantidad que varios inversores estuvieron dispuestos a pagar, pero que la entidad rechazó.

Este martes, fuentes de Bitsa reconocieron que aunque ha habido varias personas interesadas en la compra de la casona del siglo XVIII restaurada, aún no se ha cerrado ninguna operación.

Bodegas Insulares de Tenerife puso en venta el inmueble después de que Ignacio González, fundador del CCN y último arrendatario, decidiera poner fin a la actividad gastronómica que venía desarrollando en ella, justo después de las elecciones municipales.

Por el alquiler, González y sus socios pagaban en torno a 3.500 euros mensuales. Comprada por el Cabildo de Tenerife en 2003 por algo más de 700.000 euros, la casona fue rehabilitada y utilizada luego para promocionar los vinos de Tenerife.

Las obras de rehabilitación comenzaron en el año 2006 y se prolongaron durante un año. Su coste alcanzó el millón de euros.