El Ayuntamiento de La Laguna y el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) no permitirán los desahucios de familias por motivos económicos en el ámbito de las viviendas sociales en régimen de alquiler en el municipio vinculadas a la empresa pública Visocan.
Este novedoso acuerdo entre administraciones está asociado a un pormenorizado estudio de la situación real de cada una de las familias que se encuentran en situación de riesgo en el municipio de La Laguna, de las que se beneficiarán en primera instancia los afectados por el alquiler de la urbanización Residencial Tagoror, tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado sábado.
Así lo anunciaron ayer el alcalde y el director general de Vivienda, José Alberto Díaz, y José Gregorio Pérez, quienes señalaron que ese análisis, caso por caso, será elaborado por el área de Servicios Sociales, que dirige Flora Marrero.
"Podemos garantizar que ninguna familia con dificultades económicas para pagar su vivienda será desahuciada, ni se emprenderá ningún tipo de acción judicial contra ellas". Así de rotundo fue Díaz en el marco de una rueda de prensa al referirse al problema del alquiler social en La Laguna que se precipitó con las denuncias vecinales de Residencial Tagoror.
Asimismo adelantó que se articularán las medidas necesarias para que las familias con dificultades económicas "puedan afrontar los gastos de alquiler". También, entre otras cuestiones, tanto Visocan, dependiente del ICV, como Muvisa (empresa pública de La Laguna) trabajarán conjuntamente un plan de trabajo para el cumplimiento de los compromisos adquiridos" y otro de mejoras y rehabilitación.
Por su parte, el director general de Vivienda, José Gregorio Pérez, aseguró que su área "está estudiando la fórmula jurídica para cambiar el régimen especial de alquiler en el mercado libre de Visocan al régimen social del ICV" y quiso dejar claro que este acuerdo se lleva negociando desde agosto con el alcalde. "Siempre hemos tenido la predisposición de ayudar a las familias", recordando que la deuda de las mismas se eleva a los 85.000 euros "y en cambio no se ha actuado. Esto no es maquillaje".
De forma más específica apuntó que de las 119 familias de Residencial Tagoror, 30 de ellas "deben más de 1.000 euros" y que en las viviendas se han invertido un total de 47.000 euros. Pérez afirmó que se han estimado 669 peticiones vecinales de Tagoror, 32 quedan por responder y fueron desestimadas 52 demandas".
El portavoz de Residencial Tagoror, Carlos García, valoró el acuerdo y dio las gracias a los partidos políticos por su apoyo.
Suspensión del PGO en el ámbito de Las Chumberas
En otro orden de cosas, el director general de Viviendas del Gobierno de Canarias, José Gregorio Pérez, adelantó ayer que "la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) suspendió las consideraciones del PGO de La Laguna en el ámbito de Las Chumberas, con lo que se agilizan las actuaciones que tiene que realizar Muvisa (empresa pública de La Laguna) sobre las órdenes de urbanización (planes de demoliciones y construcciones de edificios y urbanización). Lo que se ha producido en el punto 15 del orden del día de la Cotmac es que se ha emitido por parte de la ponencia técnica de la Cotmac los correspondientes informes para que pueda volver al mismo ente el próximo 2 de octubre. "Esta suspensión es indispensable. Se puede firmar el convenio, pero tiene que estar la suspensión. El Gobierno de Canarias no es sospechoso de dilatar nada, somos los que hemos agilizado todos estos trámites en una reunión mantenida con el alcalde, José Alberto Díaz, quien puso toda la carne en el asador para que todos estos temas engorrosos se hayan impulsado".