El exalcalde de El Rosario por el PSOE Macario Benítez llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta su responsabilidad en el que acabó denominándose caso enchufe, la contratación irregular de hasta 26 personas que fue denunciada inicialmente por CC, pero que luego asumió el Ministerio Fiscal al detectar indicios de delito. El exmandatario asume su culpa y, según trascendió ayer a los medios desde diversas fuentes, ha acordado una inhabilitación de 5 años para cargo público, dos menos de los que le impuso recientemente el juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife por el caso Varadero, si bien su abogado anunció recurso en el momento de recoger la sentencia.
Con el consenso alcanzado en la mañana de ayer, por el que se acuerda una sentencia in voce, se suspende la vista oral del juicio abierto, que estaba previsto que comenzara este lunes y que tendría diez sesiones y casi un centenar de testimonios, según las citadas fuentes. El juicio se iba a celebrar en el juzgado de lo penal número 3 de La Laguna.
Según ha podido indagar El Día, este acuerdo no tiene, en principio y resolución, implicaciones para los trabajadores que, según admite ahora el exalcalde, fueron beneficiados con sus contrataciones hace ya muchos años. Según algunas fuentes, y dado el fallo de 7 años de inhabilitación por El Varadero, Benítez ha optado por buscar un acuerdo de inhabilitación de menos duración para no pasar por el trance de un nuevo juicio, aún más largo y con muchos más testigos que el precedente, sobre todo teniendo en cuenta su estado de salud y su condición de jubilado.
La denuncia primigenia de la Fiscalía la presentó el 13 de julio de 2009 tras el paso dado por CC, según adelantó en su momento El Día. Se trataba de un 20% de la plantilla, que habría entrado en el consistorio por contrataciones "a dedo" pese a los informes negativos de Intervención y la secretaria. Entre otros, había candidatos, afiliados, familiares o simpatizantes del PSC del municipio y de fuera.