La Plataforma de Afectados por Visocan reclamó ayer la suspensión de los contratos de alquiler social en régimen privado que tienen con la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), dependiente del Instituto Canario de la Vivienda, para desarrollar otro que contemple las modificaciones precisas que garanticen que puedan seguir viviendo en sus casas sin temer que sean desahuciados por no poder cumplir con las exigencias económicas del actual documento.
Así lo aclararon las portavoces del colectivo de 119 viviendas de Residencial Tagoror de San Matías, Nuria Rodríguez y Rebeca Alonso, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada para denunciar que tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la vicepresidenta, Fernando Clavijo y Patricia Hernández, respectivamente, no habían contestado a su solicitud de reunirse con la plataforma, "lo que nos ha obligado a desarrollar una agenda de medidas que pronto se conocerán" y cuyo último fin podría ser acudir a la Justicia, dijo de forma enigmática uno de los asesores del colectivo, Santiago León.
Criticaron los vecinos de Residencial Tagoror que a pesar de la firma de un convenio entre los afectados, el Instituto Canario de la Vivienda y el propio Ayuntamiento de La Laguna, hasta la fecha nadie ha querido aclarar cuestiones sobre las deudas de los residentes que no pueden pagar, la situación de los avalistas y los problemas de habitabilidad de alguna de las viviendas, y señalaron que "la Mesa de Trabajo creada no tiene sentido desde el momento en el que nosotros somos los únicos de los siete que la componen que tenemos un alquiler social en régimen privado", dijo Nuria Rodríguez.
Rebeca Alonso afirmó que "tras un mes desde que se firmó el supuesto acuerdo todavía el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna no ha valorado a los vecinos más afectados, aunque sabemos que el consistorio es el único que ha actuado de muy buena fe en este asunto".
"Queremos un nuevo acuerdo específico y aclaratorio de nuestras necesidades y que permita la modificación de las condiciones de los contratos, porque muchos tenemos miedo de que pasen las elecciones y al final se olviden de los problemas de los vecinos", apuntó para concluir.