Los sindicatos UGT, CCOO, USO, Asipal y Stap aseguraron ayer que el Ayuntamiento de La Laguna ha buscado la división de los agentes de la Policía Local con los colectivos sindicales con la convocatoria realizada el jueves con el objetivo claro de confundir sobre el trasfondo de la cuestión acerca de los cobros de los atrasos a los que tienen derecho por sentencia judicial los agentes que componen la Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención (URSI).

Consideran que inequívocamente la administración ha actuado en contra del principio de buena fe, lo que ha provocado el malestar entre los trabajadores de las distintas unidades de la Policía Local lagunera y confundido el trasfondo de la cuestión de la RPT y el complemento específico variable.

Sobre ello, el miércoles en una sesión convocada por la administración para informar sobre la sentencia que obligaba al pago de los complementos retributivos específicos (libre disponibilidad) a los agentes que conforman la URSI, los sindicatos UGT, CCOO, Asipal y USO votaron en contra de la propuesta (IC, a favor) si no se vinculaba al compromiso por escrito de que se regule el acceso a la unidad en base a los méritos, igualdad y capacidad. Y así lo volvieron especificar ayer.

Este voto negativo de los sindicatos despertó bastante malestar entre los agentes, no ya solo de los afiliados, sino del cuerpo de Policía en general, que no entendían cómo votaban en contra de la ejecución de la sentencia, lo que ha provocado la división dentro del Cuerpo.

Ayer se volvió a repetir en la convocatoria de la Mesa de Negociación promocionada por la concejal de Personal, Mónica Martín, en la que las formaciones sindicales, al margen de volver a votar en contra (el STAP se abstuvo), quisieron dejar claro "y sin márgenes de error" que están a favor de que a los agentes de la URSI se les abonen las cantidades adeudadas "sin distinciones", acusando al ayuntamiento de querer "tergiversar" el sentido de su voto poniéndose "detrás del bolsillo de los trabajadores".

Hicieron hincapié en la idea de que la variación en el complemento específico es de "dudosa legalidad" e impide que las centrales puedan avalar las tesis de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Personal al respecto, porque no están claros los informes jurídicos de la Función Pública. Además, ahondaron en la necesidad de plasmar por escrito la negociación sobre el acceso a la URSI.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, aseguró al respecto que "el aval es total por parte de Función Pública", defendiendo que el motivo de la convocatoria no fue otro que "ser transparentes" con todo el personal, recordando que han existido otras reuniones más al respecto.

Valoró positivamente el trabajo y las decisiones de los sindicatos, "pero que ellos también respeten las nuestras que están avaladas por Función Pública".

En la misma línea se expresó la titular de Personal, Mónica Martín, quien señaló que su objetivo es garantizar la seguridad en el municipio.