Había apuntado el pasado miércoles el portavoz de Unid@s se puede (USP), Rubens Ascanio, que el incumplimiento de los deberes recogidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias implica sanciones que podrían llegar a los 600.000 euros, además del establecimiento de infracciones administrativas, y ayer fue un paso más allá al solicitar que, en caso de que finalmente se produjeran esas consecuencias -por el consistorio no haber informado al Cabildo de las licencias urbanísticas que durante una década se concedieron en el casco-, estas deberían recaer en la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), que durante años se encargó de la gestión del centro histórico, y en responsables políticos.
En rueda de prensa, el líder de la coalición de izquierdas insistió en que han pedido la comparecencia de la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Candelaria Díaz, para que dé cuenta de lo ocurrido, y afirmó que al menos a su formación política, tras la lectura que han hecho de los dictámenes, se le plantean "serias dudas" de lo que ocurrirá a partir de ahora. "Son hechos muy graves que merecerán un estudio y seguimiento a lo largo de las próximas semanas", manifestó Ascanio.
"Hasta donde hemos leído entendemos que el Cabildo tiene las de ganar", opinó el dirigente de izquierdas, si bien cabe puntualizar que la consejera de Patrimonio de la institución insular, Josefa María Mesa, ha restado hierro al asunto, e indicó que, "mirándolo fríamente", La Laguna debería tener razón en que no fuese necesario informar de las licencias que fueron concedidas.
Diez años sin informar a la institución insular
La rueda de prensa de Unid@s se puede se produjo ayer después de que se haya conocido que el Ayuntamiento de La Laguna obvió informar durante una década al Cabildo sobre las licencias urbanísticas que se otorgaban en el casco. Un informe emitido por la institución insular reprueba el proceder del consistorio lagunero, dice que la ley exigía ese paso que se omitió y llega a mencionar la posible nulidad de los permisos. Mientras, en una respuesta posterior, Urbanismo reconoce que ese informe era "preceptivo no vinculante", pero discrepa de la nulidad. La concejala del ramo, Candelaria Díaz, argumenta que las intervenciones se regían por el PEP, aprobado por el Cabildo.