Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determina que la Consejería de Hacienda del Gobierno canario tiene que pagar 420.500 euros a la empresa Dragados-Fronpeca, que construyó el edificio de los Juzgados de La Laguna. Esta cantidad se corresponde al 4% del coste total y se descontó de la certificación final en concepto de tasa por dirección e inspección de obras. Su aplicación dio lugar a un saldo a favor de la Administración de casi 60.000 euros.
El TSJC, sin embargo, indica que este impuesto entró en vigor después de que se firmara el contrato de adjudicación y que su cobro se llevó a cabo pese a que había informes discrepantes. El Ejecutivo regional, sin suerte, apeló al desequilibrio financiero que para las Islas supusieron los recortes presupuestarios aplicados por el Estado, lo que obligaba a que se llevase a cabo una distribución más equitativa en el reparto de la carga tributaria para garantizar el sostenimiento de los gastos públicos.
Por su parte, la empresa defendió que a lo largo de la ejecución de las obras nunca se planteó aplicar la tasa y que esta había entrado en vigor años después de la firma de contrato. Por lo tanto, la compañía consideró que su aplicación supondría la ruptura del equilibrio económico "por una decisión unilateral de la Administración". Pero, además, su aplicación con carácter retroactivo, según los demandantes, sería contraria a la ley.