El listado de obras mayores ejecutadas por el Ayuntamiento de La Laguna durante una década en el casco histórico sin contar con el preceptivo permiso del Cabildo suma, al menos, 125 actuaciones. Esta es la cifra que se desprende de la relación ofrecida por la propia Corporación local en la que a lo largo de 141 páginas se desgranan una por una las más de 4.000 licencias otorgadas en ese tiempo, tanto en lo que se refiere a obras mayores, menores, cambios de uso, demoliciones o retiradas de carteles, entre otras varias.

El Cabildo defiende que, al estar en vigor el Plan Especial de Protección (PEP), para todas y cada una de estas actuaciones era obligatorio pedir su permiso previo, lo que no se hizo en ningún caso. Por su parte, algunos de los informes solicitados por el ayuntamiento confirman que las posibles infracciones se circunscribirían a las obras mayores.

En el listado se encuentran actuaciones que, sorpresivamente, fueron llevadas a cabo en colaboración con el Cabildo y otras administraciones, a pesar de lo cual nunca fueron sometidas al dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio. Entre ellas está el arreglo de 2.500 metros cuadrados del techo de la catedral y del cimborrio, la restauración del convento de Santa Catalina y de las Claras, obras en el Palacio de Nava, y trabajos en la plaza de La Concepción y en la de la Catedral.

También se ejecutaron acciones conjuntas pero sin tampoco pedir permiso al Cabildo para la rehabilitación y reparación de humedades en el Instituto Cabrera Pinto, en las oficinas del complejo museístico en Tabares de Cala, en el Palacio de Lercaro y de Carta o para la restauración de la iglesia de Santo Domingo. Igualmente, se llevó a cabo la ejecución de un paseo peatonal en Manuel de Ossuna, obras para la Inspección Técnica de Edificios (ITE), la supresión de barreras arquitectónicas en Nava y Grimón, la ejecución de una piscina cubierta en la plaza de Los Adelantados o la urbanización de la trasera del hotel Nivaria. En algunos casos, incluso, se pone una nota advirtiendo de que se trata de una actuación especialmente protegida en el PEP.

Pero el grueso de las obras mayores permitidas por el ayuntamiento sin contar con la supervisión del Cabildo se centra en ejecución de viviendas en el interior de casonas antiguas, arreglo de fachadas y cubiertas en edificios, demoliciones, instalación de antenas en distintos puntos del casco histórico, consolidaciones de estructuras, entre otras. Alguno de estos edificios incluso había sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de forma individual, aparte de la declaración global de todo el casco lagunero.

Las discrepancias entre el consistorio y el Cabildo por esta cuestión han llegado durante los últimos meses a su punto álgido. Como se recordará, hace escasas fechas la Comisión Insular de Patrimonio ha exigido a la Corporación local que le remita el listado de obras y comience a pedir el correspondiente dictamen.

El PEP como argumento

El argumento al que se recurre desde Aguere es que la capacidad de otorgar licencias directamente viene recogida en el PEP, cuyo contenido fue aprobado por el consistorio, el Cabildo y la Cotmac. Y todo ello pese a contradecir el contenido del artículo 33 de la Ley Canaria de Patrimonio Histórico, en lo que parece ser un error que no se detectó. Ahí se recoge que los municipios con planes especiales deben solicitar la conformidad de la institución insular a la hora de dar licencias y que esta debe pronunciarse en el plazo de 15 días, mientras que el silencio administrativo se interpreta como positivo.