El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado favorablemente a la reclamación del Ayuntamiento de La Laguna de 7,6 millones de euros en concepto de indemnización por los daños vinculados al antiguo Mercado Municipal por la construcción de los nuevos juzgados, obra promovida por el Gobierno de Canarias.

Se trata de una noticia muy positiva para la corporación local que podría posibilitar abordar las obras del nuevo mercado y la enajenación de la infraestructura provisional que se ubica en la plaza del Cristo. En este caso, "se trata de un paso más hacia el objetivo de dar cumplimiento al compromiso adquirido de que en este mandato se iniciarán las obras del Mercado", precisamente en el lugar donde estuvo tradicionalmente, en la que es hoy zona de aparcamientos que existe al lado del juzgado, dijo el alcalde, José Alberto Díaz.

Por otra parte, fuentes del ayuntamiento aseguraron ayer que en estos momentos se está negociando con el Gobierno de Canarias para que no recurra la sentencia del TSJC, que todavía no es firme, y posibilite una ejecución de sentencia que permita a la corporación ingresar los 7.628.434,05 euros a los que provisionalmente tiene derecho.

En esa reciente sentencia emitida por la Sala Contencioso Administrativo del TSJC se especifica que el ayuntamiento lagunero tiene derecho a un indemnización valorada en 6.884.118 euros por el traslado provisional del mercado y otra cifrada en 744.361,05 euros por los costes de reparación de la zona afectada directa e indirectamente por las obras de los nuevos Juzgados, frente a la histórica plaza del Adelantado y la propia sede física del ayuntamiento.

La denuncia se remonta al año 2010, cuando se estaba construyendo el actual edificio de los Juzgados y estando aún en pie la infraestructura del antiguo mercado lagunero. Debido a las obras que se estaban ejecutando en un solar anexo para construir los nuevos juzgados, se generaron daños al edificio de abasto, por lo que el ayuntamiento decidió interponer una reclamación patrimonial al Gobierno de Canarias y, más concretamente, ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

El consistorio consideró que se había generado un quiebro en un servicio público que dio lugar a la interrupción de la actividad del recinto, que originó la reparación y reposición del inmueble.

No obstante, el Ejecutivo autonómico estimó que la infraestructura del mercado, antes de empezar la obra de los juzgados, ya estaba deteriorada y se aconsejaba su demolición. Finalmente, la Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento y condena además al Gobierno de Canarias al pago de los intereses legales generados por los daños ocasionados.