El procedimiento iniciado por el Gobierno de Canarias por posible incompatibilidad en la dedicación exclusiva del concejal lagunero Iván González, del Partido Popular (PP), ha experimentado un nuevo avance en los últimos meses y ha llevado, al menos cautelarmente, a la suspensión de esa condición laboral, según reza en un auto de finales de julio y del que el Pleno tendrá conocimiento este jueves a través de una dación.

Como se recordará, el Ejecutivo regional había solicitado medidas cautelares y los Servicios Jurídicos del Consistorio lagunero presentaron alegaciones. Eso se supo a principios de julio, mientras que, el día 29 de ese mes, el juez emitió el referido auto, en el que decide suspender el acuerdo impugnado, esto es, el reconocimiento de la compatibilidad solicitada por González, que salió adelante en octubre de 2015.

Tanto el afectado como el jefe de filas de su formación, Antonio Alarcó, restaron ayer hierro a lo ocurrido, de lo que destacaron su carácter eventual y, sobre todo, que la decisión se encuentra recurrida por el ayuntamiento. Tal como ya había expresado la organización conservadora meses atrás, Alarcó también se mostró confiado de que lo sucedido se acabará resolviendo a favor de los intereses de este partido político.

Asimismo, desde el PP argumentaron que ha habido otros casos previos de concejales que compartían la liberación con su profesión, así como que, al estar impugnada, y sin necesidad de juicio, es probable que le permitan seguir compatibilizando ambas circunstancias. Preguntados sobre si esas medidas cautelares están ya en vigor, dijeron desconocer con exactitud si es así.

Cabe precisar que el argumento al que había acudido en su día el representante popular para esa duplicidad era que el mantenimiento de su empresa dependía de que él estuviese vinculado a ella: "Siendo uno de los cuatro socios de una sociedad mercantil, la cual, entre otros, incluye en su objeto social el asesoramiento laboral y fiscal, para lo cual presto mi titulación a dicha sociedad, me veo obligado a estar dado de alta tanto en el colegio profesional como en la Seguridad Social para que la sociedad pueda seguir prestando dichos servicios".

¿Y qué dicta el escrito judicial que irá a la sesión plenaria de esta semana? Que se aprecia una posible "causa de nulidad de pleno derecho" y, entre otras cosas, que, de no suspenderse el acuerdo que ha sido recurrido, se prolongaría en el tiempo una situación en la que el concejal ejerce actividades profesionales de asesoramiento retribuido en empresas privadas "que podrían tener relaciones con el ayuntamiento o generar conflicto de intereses".

Y detrás de todo ello, un partido cuya situación en su Comité local no es, según sostienen varias fuentes, negativa, pero no ocurre lo mismo en el grupo municipal, precisamente con esa dedicación exclusiva, un sueldo, como foco de conflicto.