La asociación Valle de El Socorro Verde, denunciante del Plan General de Ordenación (PGO) de Tegueste en esta zona, mostró ayer su satisfacción con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que se anula parte del documento y que llevó a que la pasada semana, a través de una nota de prensa, el ayuntamiento criticase sin ambages la postura del colectivo.

El comunicado remitido este miércoles por la entidad se articula sobre tres ejes: destaca las bondades naturales del núcleo que se iba a ver dañado y la magnitud de lo que hubiera ocurrido, recuerda los pasos previos que se adoptaron antes de interponer la denuncia y se refiere a la contundencia del escrito del TSJC.

Sobre eso último, desde la organización llaman la atención acerca de una de las frases más rotundas que el Tribunal, al manifestarse sobre la planificación, emplea en mitad de la sentencia: "Sin tener en cuenta los intereses urbanísticos y de ordenación territorial, sino los intereses privados". Aunque Valle de El Socorro Verde se detiene en esa, el texto judicial recoge otras ideas más técnicas de desaprobación de los objetivos municipales.

Al tiempo que reconocieron su satisfacción con el respaldo que sus argumentos han recibido por parte del TSJC, indicaron que ese sentimiento sería más amplio en caso de haber sido atendidos sus planteamientos desde la etapa de información pública.

"La asociación consideró que, además de inadecuado, dicho modelo urbanístico podría ser ilegal, lo que fue advertido mediante alegaciones presentadas al PGO ya desde noviembre de 2009", expusieron, antes de desgranar sus tesis: que el crecimiento propuesto incumplía el PIOT, el "impacto ambiental crítico" sobre terrenos del "máximo valor agrario y paisajístico", la incompetencia municipal en la variante de El Portezuelo, y la "inviabilidad" de la unidad de actuación El Drago, donde se incluye un edificio de interés histórico-artístico.

"Dichas alegaciones fueron desestimadas y el PGO fue aprobado por la Cotmac, por lo que la asociación de vecinos decidió hacer uso de su legítimo derecho a recurrir dicha aprobación en los tribunales de justicia", mantuvieron sobre la fase última.