Tres plantas de 130 metros cuadrados cada una que están siendo derribadas, años de esfuerzos reducidos a escombros. Es esa una de las formas en las que se puede sintetizar la pesadilla que está viviendo Antonio Amador, vecino de San Benito, cerrajero de siempre, al que una sentencia obliga a tirar buena parte de su casa. Existe un pronunciamiento judicial firme, e incluso los trabajos de demolición comenzaron el pasado 26 de septiembre, pero él y su familia, impotentes, han optado por dar a conocer los hechos con la esperanza de que algo ocurra.
Amador tiene 74 años y es quien ha tomado la iniciativa, aunque precisa que el caso afecta por igual a quien durante décadas fue su socio: Alejandro Arvelo, de 75 años, con quien en 1965 decidió poner en marcha una cerrajería en el camino Margallo, en San Benito, en la que es la génesis de esta historia de la autoconstrucción y sus efectos. Tras una década de trabajo en aquella ubicación se mudaron a la cercana calle Arzobispo Elías Yanes. En la parte baja, el taller; arriba, las casas. El problema vino después. En 1985 les vendieron un terreno de 130 metros en la trasera, en las proximidades del IES San Benito y del pabellón Juan Ríos Tejera, y optaron por la ampliación. Pero por la vía que era más común en la época, especialmente en las periferias y áreas rurales: sin los trámites correspondientes.
Según su relato, hubo quienes les aseguraron entonces que no habría problema para una posterior legalización. Tampoco acudieron más tarde a la prescripción urbanística, que les hubiese permitido escriturar la edificación añadida. Habían confiado en que no pasaría nada. Sucedió posteriormente, indica la familia de Antonio, que una denuncia de un vecino por ruidos dio paso a un desencuentro. Fue un pleito que no tuvo mucho recorrido, pero que sí derivó en la demanda que ahora complica los días de jubilado suyos y de Arvelo. Y es que cuando quisieron hacer algo para que la vivienda estuviese dentro de la legalidad ya estaban en el procedimiento judicial.
Mantendrán el inmueble primigenio, el que adquirieron en su día y en el que ahora se han tenido que reorganizar sus hijos; sin embargo, las tres plantas anexas acabarán, si nada lo remedia, en pedazos. Por el camino, estima Amador, podrán perder entre 60.000 y 100.000 euros, la cifra que gastarán con la ejecución subsidiaria, el sistema por el que la Administración lleva a efecto unos trabajos y el coste se remite a los propietarios.
Su entorno pone el foco en el daño moral y en lo que califican como un "uso perverso" de la Justicia por parte de quienes les demandaron, y añaden que la construcción se podría haber regularizado con el nuevo Plan General. Lo que apuntan fuentes oficiales del ayuntamiento es que la Gerencia de Urbanismo está cumpliendo varios procedimientos en este sentido y que con el planeamiento hoy vigente no cabía la legalización.
Días atrás, mientras una pequeña pala seguía picando en su azotea, este cerrajero lamentaba reiteradamente el derribo, la compra y el cómo ha pasado todo. Se siente engañado. Como si le estuviesen tumbando no la mitad de su casa, sino de su vida.