La sentencia del caso Varadero ya es firme. La titular del Juzgado de lo Penal número cinco de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto en el que ratifica las condenas: siete años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público a Macario Benítez, otro tanto a Ana Lupe Mora y la misma pena a María Anita Alonso, respectivamente alcalde, concejala y secretaria municipal de El Rosario cuando ocurrieron los hechos.

El escrito judicial, fechado el pasado 30 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, también exime finalmente a la acusación popular -ejercida por la formación política IR-Verdes- del pago de las costas judiciales de los acusados que fueron absueltos: los exediles Andrés Hernández, Abel Acosta, María Elba Delgado y Laurentino Quintana.

Considerado uno de los casos más mediáticos sustanciados en las Islas en los últimos tiempos -entre otras cosas por afectar a uno de los ex regidores locales con más tiempo en el cargo-, y en la línea de lo que ya se había determinado, se fija ahora que Benítez y Mora son autores "penalmente responsables" de un delito de prevaricación, mientras que la secretaria incurrió en igual irregularidad como cooperadora necesaria.

¿Qué suponen esas inhabilitaciones? La sentencia lo aclara: "Dicha pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público comprende en todos los casos la privación definitiva de los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva desempeñado, así como la incapacidad para obtener durante un plazo de siete años cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión y gestión".

Este final era el esperado después de que hace unos meses la Audiencia Provincial rechazase los recursos, confirmase las condenas y diese la razón a Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) con respecto a las costas.

Todo esto tras de años de lucha con origen en El Varadero, un núcleo costero enclavado entre Tabaiba y Barranco Hondo, protegido por sus valores ambientales por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y en el que se pretendían construir 1.000 viviendas. Eran otros tiempos: Macario Benítez se había convertido en el sempiterno alcalde e IR-Verdes, los denunciantes, que hoy gobiernan -en un pacto con el Partido Socialista y Sí se Puede-, estaban en la oposición. Desde allí alertaron hasta en siete plenos de lo equivocado del camino que se seguía, tanto por ir contra el PIOT como porque la Ley de la Moratoria Turística obligaba a suspender la aprobación. Pero los responsables siguieron adelante; desoyeron las tesis que ahora la Justicia respalda.