Comisiones Obreras (CCOO) en La Laguna denunció ayer que los trabajadores del ayuntamiento son víctimas de una persecución por parte de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias "tras la impugnación sistemática de todos y cada uno de los decretos aprobados por parte del alcalde José Alberto Díaz", en relación a percepciones económicas de los trabajadores públicos que desarrollan su labor en el ámbito de la administración local.

Así lo explicó ayer el coordinador del Sector Local del sindicato Ignacio Plata que considera que es una práctica por parte del Ejecutivo regional que se produce en algunos casos, con acuerdos adoptados por el ayuntamiento hace más de 14 años.

"Dichos acuerdos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente sin que fueran motivo de alegaciones por parte de ninguna de las administraciones, ni siquiera de la Dirección General de Función Pública, por lo que no se entiende que sea 15 años después cuando se ponen en tela de juicio", dijo.

El sindicalista señala, que en cualquier caso, "si hubo en aquel momento negligencia en el seguimiento y exigencia de la legalidad en los acuerdos que se adoptaron, tendrán que exigirse las responsabilidades que procedan dentro de su propio ámbito, que es el que ejerce la tutela al respecto, en vez de descargar ahora su incompetencia sobre los trabajadores del ayuntamiento".

Ignacio Plata señaló con cierta ironía que algunas de las cuestiones denunciadas "fueron disfrutadas por actuales cargos de Función Pública que en su momento estuvieron en Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de La Laguna, sin que fueran denunciadas", recordando que el exalcalde y actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, levantó reparos "sin que nadie se apercibiera de las cuestiones que hoy se impugnan", por lo que "alguna responsabilidad tendrá".

El representante de CCOO reclama que Función Pública no lleve estos asuntos a los juzgados, invitando a "buscar una solución general negociada para los empleados públicos mediante la constitución de una mesa entre el Gobierno de Canarias y el ayuntamiento, en la que podrían participar la Fecam y la Fecai, para dar una solución al problema que han creado", concluyó.

A pesar de los intentos reiterados, EL DÍA no obtuvo respuesta por parte de la Dirección General de Función Pública a las cuestiones denunciadas por la formación sindical.

Un problema que puede implicar a otros ayuntamientos

El coordinador del Sector Local de CCOO, Ignacio Plata, destacó que esta impugnación de Función Pública de los decretos vinculados a percepciones económicas perjudica a casi todos los empleados públicos de las administraciones locales de Canarias. "No se trata solo de los trabajadores del Ayuntamiento de La Laguna. Implica a todos los funcionarios públicos". En su opinión, "lo que se debe hacer es que si existe una anomalía, la Consejería de Presidencia y Planificación debe sentarse con las administraciones locales para buscar una solución que, sobre todo, no perjudique a los trabajadores y debe respuesta a los problemas que por negligencia de la Dirección General de Función Pública se han generado", dijo para concluir.