"Hicieron todo lo habido y por haber para no cumplir con la sentencia". Esa fue una de las expresiones que resonaron en la declaración como testigo del exconcejal lagunero Gustavo Matos por el caso Alcampo, cuya vista oral comenzó el martes y continuó ayer. El hoy diputado regional destapó reuniones entre la Gerencia de Urbanismo y la multinacional francesa, en las que aseguró que participaron abogados de las partes y políticos, y que con ellas se trataba de buscar un vericueto legal que evitase cumplir la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulando las licencias.

Matos recordó que hubo órdenes de cierre, pero que se puso en marcha una "actividad jurídico-administrativa" para hacerles frente. Según sus manifestaciones de este miércoles en sede judicial, actuaron en "coordinación perfecta" responsables municipales "no funcionarios" y la empresa. "No existía ánimo de revanchismo, sino de defender la legalidad", había recalcado antes quien es uno de los denunciantes de las presuntas irregularidades que se produjeron en la ampliación de la galería comercial, por lo que están imputados por supuestos delitos de prevaricación urbanística el exedil del ramo Francisco Gutiérrez y dos funcionarios.

En su intervención, y al menos en dos ocasiones, expresó que considera que el personal municipal actuó conforme a la legalidad. También se detuvo en la necesidad de la licencia comercial específica para el desarrollo de las obras y en que el grupo del Partido Socialista -la formación a la que pertenece- llevó a pleno la propuesta de una revisión de oficio de la licencia por parte del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que acabó "desdibujada" tras una enmienda de Coalición Canaria (CC).

Otro de los planteamientos centrales de su alocución fue el inusual proceder de Gutiérrez. Al respecto, llamó la atención sobre que este último se atribuyó la resolución de un recurso de alzada presentado por el grupo socialista por un incumplimiento de la Ley de Comercio. Se trata de un hecho que, hasta donde él sabe, era la primera vez que se producía y con el que fue todavía más categórico el veterano concejal Santiago Pérez, que lo calificó de "insólito jurídicamente". No dudó este último en afirmar que no es normal que en un asunto de esa trascendencia un edil actúe por su cuenta y que, en su opinión, Gutiérrez seguía instrucciones de la por entonces alcaldesa, Ana Oramas, para evitar su implicación, dado que, agregó, era ella quien tenía que resolver.

Posible error en el informe de 2002

Tras las comparecencias de Matos y Pérez se produjeron otras cinco más -y dos fueron pospuestas para hoy-. Aunque de desigual riqueza argumental, los testigos sí dejaron unos cuantos datos llamativos. Varios de ellos están relacionados con el informe de 2002 sobre el proyecto, de carácter negativo y que tuvo que ser enmendado por uno de los imputados: Vicente González Colino. Sobre ese texto del año 2002, su autor, el aparejador Domingo Delgado, y el jurista que lo avaló, Tomás Bayo, reconocieron que fue elaborado con medios manuales. Y uno y otro pronunciaron frases en las que, si no admitieron directamente un error de medición y la reducida extensión del escrito, tampoco aseguraron lo contrario.

Elsa Santos, aparejadora jubilada y que dijo padecer problemas memorísticos, y Joaquín Soriano Benítez de Lugo, el ingeniero responsable del proyecto, pasaron también por el micrófono. La otra declaración fue de la ex jefa de sección de Urbanismo, Segunda del Castillo, que, a una pregunta de Ana Teresa Perera -que defiende a la funcionaria Rosa María Paz-, señaló que en algunos casos se producían retrasos en la tramitación de los expedientes en la época sobre la que se está juzgando (los primeros años de este siglo). "¿Pero si le digo que el expediente de obra se inicia en febrero de 2002 y hasta septiembre de 2003 no hubo ningún movimiento...?", continuó la letrada. "No debería ser normal", reconoció Del Castillo en una comparecencia que generó comentarios al oído entre los imputados y en la que Sola pidió comunicarse con su cliente.

Sola, contra Twitter

El abogado defensor del funcionario Vicente González Colino, Esteban Sola, tomó la palabra durante la sesión para señalar que había recibido un tuit y que eso suponía que se estaba ofreciendo información en directo al exterior. "Consigne protesta si considera que pudiera haber algún testigo contaminado", le respondió el fiscal, mientras que la jueza registró los hechos. La afirmación del letrado se produjo en las postrimerías del juicio y antes de que declarase el testigo Domingo Delgado, que elaboró un informe -que su cliente enmendó- en el que podría haber errado por, precisamente, valerse de medios manuales al desconocer los de tipo informático. Se da la circunstancia de que la práctica que criticó ayer Sola ha venido siendo empleada por distintos periodistas en varios procedimientos.

Presencia vecinal

Se sumaron como público vecinos de Valle de Guerra vinculados a la lucha contra el PGO. Según reconocieron, su objetivo era ver declarando a Francisco Gutiérrez -que lo hizo la víspera-, con quien no tienen una buena relación.