La Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco), ya desaparecida, y el que fue su abogado, Carlos Ravelo, centraron ayer buena parte del protagonismo en la tercera sesión de la vista oral del caso Alcampo, que se juzga desde el martes en La Laguna y en el que están acusados dos funcionarios locales y el exconcejal de Urbanismo Francisco Gutiérrez.
En su declaración como testigo, Ravelo relató una reunión que tuvo lugar en el despacho de Gutiérrez en diciembre de 2003 o enero de 2004 -poco antes de que el exedil diera la licencia de obra del 19 de enero- y de la que, a preguntas del Ministerio Fiscal, dijo no recordar que allí el político refiriese errores de medición, aunque sí aportó otros detalles de la conversación. Sin embargo, se da la circunstancia de que uno de los ejes de la argumentación utilizada el martes por Gutiérrez fue que él autorizó el permiso pese a existir un informe negativo debido a que le habían transmitido verbalmente que existían fallos a la hora de medir.
Asimismo, el declarante puso de relieve su certeza de que la cita, que había sido concertada por la lagunera Alapyme -afiliada por entonces a Fedeco-, se produjo antes del referido permiso. Estaba seguro porque, remarcó, le dijeron al representante municipal que esa autorización no se podía dar en cuanto que se necesitaba la tan nombrada estos días licencia comercial específica, que debía emitir previamente el Gobierno regional. No en vano, lo avisaron de que, de seguir adelante con esas intenciones, se verían obligados a ir al juzgado. Francisco Gutiérrez les contestó que no lo amenazaran y terminó la reunión.
Al margen del encuentro se refirió a la asunción de competencias impropias por parte del exconcejal para resolver recursos de alzada, hizo mención a que existía un informe negativo y vinculante del Cabildo para el otorgamiento del permiso, y lamentó que se hicieron "mil y una cosas" para no cerrar una galería cuyos avatares llevaron también a testificar este jueves a quien durante 21 años fue la cara más visible de Fedeco: Luis de Miguel Bartolomé.
Otro de los puntos de mayor interés de la sesión estuvo en que no se incoó expediente sancionador contra Alcampo a pesar de que las obras fueron precintadas al no contar con licencia. "Lo normal sería que se incoara", expresó la funcionaria Dolores Jerez, que no supo poner motivo a que no se realizase el procedimiento en cuestión. Mientras tanto, la también trabajadora municipal Rosa Ana García habló de falta de medios para actuar en todos los casos en que no había permiso.
Y resultó que, en su intervención, García introdujo el término "directrices" en su descripción de las situaciones en que sí lo incoaban. "¿Y esas directrices quién se las dio?", la interpeló el fiscal, Rafael Ruiz, que demostró de nuevo la misma agilidad de las dos sesiones previas. "No me acuerdo; serían los responsables", respondió sin mucha más concreción en una mañana en la que, en general, las declaraciones fueron más cortas que las del resto de comparecencias que se han celebrado en el marco de este juicio en el que se sustancian presuntos delitos de prevaricación urbanística.
caso alcampo
La funcionaria acusada, asistida por problemas de salud
La funcionaria que está acusada solicitó ayer ausentarse de la sesión al encontrarse indispuesta, e incluso tuvo que ser asistida por personal sanitario. A la vuelta de un receso marcado una vez que su abogada dio cuenta de su empeoramiento, la jueza que instruye la causa, María Elena Hernández, indicó que, en el supuesto de que hoy -que en principio es el último día, con las pruebas periciales y las conclusiones- no pudiese estar presente, la vista se puede interrumpir por un máximo de 30 días y citarla después a ella sola para que tenga el derecho a la última palabra.