La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos contra una funcionaria del Ayuntamiento de El Rosario que desarrollaba su trabajo en la Casa de la Juventud y que realizaba cobros en mano relacionadas con las distintas actividades que se realizaban sin ningún tipo de control ni de la Tesorería ni del área de Intervención de la corporación.

En este caso, fue el propio ayuntamiento a través del concejal de Cultura, Fidel Vázquez (SSP), quien puso en conocimiento de los órganos de control las irregularidades detectadas en el servicio y se determinó a Intervención que el caso se estudiara en el ámbito de la Fiscalía, expediente que se envió para su estudio el pasado 21 de marzo.

En este caso, este trabajo se realizó en base a un perfil muy bajo con el objetivo de mantener la causa de manera discreta, aunque cuatro días más tarde el concejal del PP José Manuel Medina hizo público el caso a través de las páginas de EL DÍA con el objetivo de que el pleno de la corporación del día 6 abril aprobara la creación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas. Se rechazó porque el caso ya estaba en manos de la Fiscalía para su estudio.

Un mes y medio después, con fecha de 13 de julio, la Fiscalía emite un escrito firmado por la fiscal jefe Carmen Almendral y el fiscal instructor Jonay Socas, en el que se da cuenta de que se estiman indicios que apuntan a que por parte de la trabajadora que desarrollaba sus funciones en la Casa de la Juventud "ha existido una gestión desleal de los caudales públicos puestos a su cargo por razón de sus funciones, hechos que pudieran ser constitutivos (...) de un delito de malversación de fondos públicos".

Entiende la Fiscalía que la investigada, que coordinaba el programa "Patean2 2016", cobraba a los ciudadanos el coste de la actividad, ingresando de forma irregular en una caja de dinero en efectivo de la Concejalía de Cultura de la que no se tenía conocimiento, destinándose el importe de lo cobrado para atender una serie de gastos corrientes que no consta que hayan sido justificados. La cantidad irregular es de 600 euros deuda resultante de la diferencia entre lo recaudado y lo ingresado en la cuenta del ayuntamiento.

El alcalde del municipio, Escolástico Gil, mostró su sorpresa por la filtración del escrito a los medios y rechazó hacer valoraciones "porque ya lo investiga la Fiscalía Provincial".