Los sindicatos STAP, USO y UGT denunciaron ayer el reparto de autorizaciones indiscriminadas "a desconocidos" para aparcar dentro del recinto de aparcamientos de la sede del ayuntamiento y zonas limitadas, una situación de la que culpa a la propia Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la que es responsable Jonathan Domínguez.

En este caso, las tres organizaciones sindicales con representación en la corporación local pusieron el foco en "la desproporcionada proliferación de las conocidas como autorizaciones de estacionamiento otorgadas a personas concretas y sus vehículos particulares".

Sobre ello destacan que los vehículos a los que se les ha dado permiso "no son de uso especial, ni adaptados o similares" y que a pesar de eso "se les confiere derechos y privilegios para dejar los coches en reservados y zonas habilitadas para otra índole".

Tanto el STAP, como USO y UGT aseguraron ayer que las autorizaciones, "que por lo visto se dan de forma clientelar y que por la numeración podrían rondar ya las 300 como poco, tienen un plazo de 2 años y son renovables, y ni a los policías ni a estos sindicatos se nos ha dado información precisa al respecto".

Considera que por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana existe "ocultismo en esta arbitraria concesión", lo que ha generado problemas entre el colectivo porque "es controvertido tener que denunciar a unos sí y a otros no en iguales circunstancias por un documento nada objetivo".

Las organizaciones sindicales recordaron cómo se echó a funcionarios con la excusa de que sería el depósito para la grúa, Servicios Municipales y policiales, "pero bien que supieron reservar los huecos a concejales y a altos funcionarios de la Jefatura y del área en otro claro privilegio y conducta caciquil propio de políticas retrógradas".

Consideran que esta situación está fuera de lugar cuando a los propios empleados municipales se les han negado zonas o bolsas de aparcamiento, arriesgándose a ser multados por aparcar en zonas limítrofes "por infringir forzados", algo que asumen (presentan una multa puesta a un agente de la Policía Local, entre otras).

El STAP, USO y UGT reclaman que "alguien más tome nota de este escabroso y turbio asunto porque todo apunta a un nuevo trapiche", explicaron.