El caso Grúas comienza a dar un curioso giro. Al hecho de que en sede judicial los técnicos municipales reconocieran que en uno de los informes presentados por los denunciantes se había "mutilado" gran parte de su contenido para dar soporte a la denuncia, se suma el hecho de que los testigos tacharan de "arbitrariedad" la pretensión del grupo municipal X Tenerife de que el Ayuntamiento pagara a unos trabajadores sí y a otros, no en función de su supuesta amistad con el entonces alcalde.

Los dos técnicos municipales que el pasado cuatro de diciembre declararon ante la jueza que instruye el caso Grúas reconocieron que la moción presentada por XTenerife para que el Ayuntamiento pagara a unos trabajadores de las grúas y a otros no los sueldos que no habían cobrado "hubiera supuesto una arbitrariedad y una discriminación". Los dos funcionarios públicos se refieren con esta afirmación a la moción presentada al Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2014 por Ignacio Viciana (XTenerife) en la que pretendía que el Ayuntamiento pagara directamente las nóminas adeudadas por el concesionario solo a determinados trabajadores.

La clave de este asunto es precisamente a qué trabajadores está dirigido el trato de favor que se oculta tras la moción y es que solo buscaba el pago de a quienes la oposición considera que no son afines al grupo de Gobierno municipal, dejando a un lado el pago de las retribuciones de los trabajadores que adquirieron participaciones de la sociedad con la esperanza de mantener el empleo, esos a los que se denomina "empresarios" y que eran entonces, y son hoy, gruístas y trabajadores.

Esa moción no prosperó. Y no lo hizo porque el Pleno del Ayuntamiento, aspecto en el que coinciden los funcionarios, no podía dar por buena una moción que pretendía que el Ayuntamiento entrara a pagar directamente las nóminas de los trabajadores de una empresa concesionaria y, mucho menos, hacerlo arbitrariamente.

Es decir, a unos trabajadores sí y a otros no en función del criterio de la oposición recogido en la moción. Al no prosperar esa moción comenzó a germinar la actual denuncia del caso Grúas. El Ayuntamiento, en contra de lo que pretendía la oposición, que era el rescate de la concesión con la incorporación de algunos trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento, opta por la intervención de la misma y nombra dos funcionarios municipales para que, a modo de interventores, tutelen la empresa hasta lograr su equilibrio económico financiero.

Esta solución, que en boca de los técnicos fue la más sensata porque no tuvo coste alguno para la ciudadanía -de hecho, la ciudad obtuvo beneficios- y garantizó la prestación del servicio, dio inicio a una batalla judicial en la que aún sigue inmerso el Ayuntamiento y que no comprenden los propios funcionarios. Uno de ellos señaló ante la juez: "¿Qué problema hay con un servicio que se ha conseguido reequilibrar sin que haya nadie que reclame nada al Ayuntamiento.

Al contrario, la intervención del servicio no le supuso al Ayuntamiento perjuicio alguno, además se cobraron intereses, el 4% sobre los 120.00 euros -que no gestionaron los trabajadores sino el Área de Seguridad Ciudadana-, se evitaron los problemas que hubiera supuesto el rescate y se ha conseguido la continuidad del servicio sin que haya un trabajador o un acreedor sin cobrar, un tributo sin recibir, cotizaciones?".

Los propios trabajadores municipales no entienden el interés por judicializar la decisión más sensata y, sin embargo, califican de "arbitrariedad" la propuesta política de la oposición de entrar a pagar "a unos sí y a otros no".