Intersindical Canaria (IC) registró el pasado miércoles en el Ayuntamiento de La Laguna un documento con hasta nueve "incumplimientos" en la empresa Urbaser, ante los que pide la "urgente intervención" de los servicios de inspección del consistorio, "con el objeto de que se dé solución, de una vez por todas, a esta grave problemática".

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por dos representantes del sindicato -Virgilio Gómez y Manuel González- y empieza contextualizando que el problema no es nuevo y que hasta ahora no se le ha dado solución: "Se están produciendo reiterados incumplimientos en el pliego de condiciones y posteriores acuerdos referentes a la gestión del servicio de recogida de basuras del municipio, tanto en lo relativo a la normativa de recogida como a la legislación laboral vigente". Y continúa: "Dichos incumplimientos han sido denunciados en varias ocasiones sin que se tomen medidas".

La relación empieza con el estado de los vehículos de la compañía. Se trata de una queja que días atrás ya fue abordada por Unid@s se Puede (USP) en una nota de prensa, que afeó a la concejala de Servicios Municipales, Mónica Martín, que expresase durante una sesión plenaria que no había anomalías en este asunto si bien existe documentación que prueba que dos días antes de ese pleno cinco vehículos de carga lateral estaban averiados. En concreto, lo que afirman desde IC es que la flota de vehículos "no se encuentra en condiciones para realizar el servicio, poniendo en riesgo no solo la salud de los trabajadores sino la de los viandantes".

Los dos siguientes puntos se detienen en la "seguridad y salud" de los empleados y en la entrega de los uniformes. "A los recién contratados se les da solo una muda, con lo que tienen que lavarla a diario", prosigue el texto, en el que también se recoge que no hay baño para las mujeres y que, en general, los servicios se encuentran en mal estado y se siguen utilizando las llamadas "tazas romanas".

El apartado quinto vuelve sobre los vehículos -"el taller está saturado, ya que se prioriza la reparación de vehículos de otros municipios", señala-, mientras que los cuatro restantes abordan presuntas irregularidades en los derechos laborales: incumplimientos con las retribuciones establecidas y otras circunstancias más específicas.

En la línea de lo anterior, USP recordaba en su nota de la pasada semana que Intersindical apuntó en marzo que la oferta de personal realizada por la empresa proponía 314 operarios, "superando con creces la cantidad mínima de 290 que establecía el pliego de condiciones", y que eso no se está dando. "Esta situación obliga a buscar respuestas urgentes de los responsables municipales y a hacer un seguimiento más estrecho de un servicio que anualmente tiene un coste que supera los 15 millones", manifestó el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, antes de añadir que su partido no descarta recurrir "a cualquiera de las fórmulas" que tienen en su mano para "la labor de auditoría y control de la gestión de los recursos públicos".