El Cabildo de Tenerife, a través del consejo de administración de la compañía Titsa, ha reclamado al Ayuntamiento de La Laguna con carácter urgente el pago en efectivo relativo a la prestación del servicio urbano en el municipio, un despliegue de 13 líneas durante los tres últimos ejercicios que han elevado las facturas impagadas a los 2.821.027,97 euros.

Así se decidió el pasado viernes en el transcurso del consejo de administración en el que se puso sobre la mesa el servicio que se ha prestado por parte de Titsa y que ha generado una deuda de 2,8 millones como suma de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Se da la circunstancia de que al referido consejo no asistieron ni el concejal de Movilidad de la corporación lagunera, Jonathan Domínguez, ni su homólogo santacrucero, Dámaso Arteaga.

En este caso, el área de Intervención del Cabildo insular ha bloqueado la renovación de los contratos de los servicios urbanos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, un problema que viene determinado por las distintas interpretaciones jurídicas existentes sobre los contratos que hasta ahora han estado vigentes. No obstante, el servicio urbano en Aguere se ha seguido prestando y ha generado una deuda que ahora la corporación insular, a través del consejo de administración de la compañía de transporte, ha decidido reclamar "con carácter urgente".

Lo cierto que las desavenencias son importantes por el modo de entender el contrato de la prestación de servicio. La Laguna apuesta por utilizar las directivas europeas sobre el transporte público para darle encaje legal al compromiso a través de un convenio en forma de contrato, mientras que el área de Intervención del Cabildo no apuesta por esta opción y, en última instancia, ha pedido al ayuntamiento las competencias del transporte público colectivo en el municipio tras rechazar la adquisición por parte de Aguere de una acción de la compañía, según fuentes afectadas de la propia empresa.

Y el asunto se ha enquistado, hasta tal punto que la corporación lagunera publicó a principios de este mes en el Boletín Oficial de las Comunidades de la UE, ante una cuestión de legalidad, el inicio de la contratación de los pliegos del contrato del servicio urbano, con el análisis correspondiente.

La primera consecuencia de la situación es que el Cabildo, a través del consejo de administración de Titsa, ha decidido reclamar al Ayuntamiento de La Laguna "con carácter urgente" las deudas acumuladas por la prestación de servicio en el ámbito urbano del municipio pertenecientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por valor de 2.821.027,97 euros, cantidad que según fuentes de la corporación de Aguere se tienen que justificar debidamente.

Este periódico se puso en contacto con los ediles de Movilidad de los Ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna, Dámaso Arteaga y Jonathan Domínguez, respectivamente, y rechazaron manifestarse al respecto. Por otra parte, a pesar de los intentos, EL DÍA no pudo contactar con el Cabildo para conocer su versión sobre los servicios urbanos de transporte en el área metropolitana.

Por su parte, el representante laboral del Servicio Interurbano con sillón en el consejo de administración de Titsa, Virgilio Gómez (Intersindical Canaria), mostró su preocupación por el problema existente, principalmente, en el servicio urbano de La Laguna, mostrando alivio en el que corresponde a Santa Cruz, "que sí ha podido adquirir una acción de la compañía para poder firmar el contrato. Lo de La Laguna es mucho más problemático y pedimos a las administraciones que afinen sus ideas para que los trabajadores no seamos los que paguemos la factura".