El titular del Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife considera que la contratación de uno de los beneficiarios del conocido como "caso Enchufe" es nula en origen. Así lo recoge una sentencia del 30 de enero a la que ha tenido acceso EL DÍA. El escrito del juez llega tras la demanda presentada por uno de esos trabajadores incorporados de forma irregular por el Ayuntamiento de El Rosario, en la que solicitaba que se reconociese su derecho a ser personal de carácter indefinido debido, alegaba este, a que sus contratos temporales se formalizaron en fraude de ley.
El fallo, contra el que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestima la petición del denunciante. Y además, previamente, refiere las condiciones en las que nació el acuerdo laboral. "Teniendo en cuenta la nulidad originaria de su contratación, no pueden ejercitarse derechos de un acto nulo en origen al faltar en el mismo sus requisitos esenciales, según la mencionada sentencia penal firme, por lo que procede la desestimación de la demanda". Y añade a continuación: "Se trata de un caso de nulidad absoluta".
Más allá de la situación particular del denunciante, el pronunciamiento devuelve a la actualidad las 135 contrataciones que derivaron en un procedimiento judicial -el caso Enchufe- por el que, tras pactar con la Fiscalía Provincial, el exalcalde rosariero Macario Benítez fue condenado a cinco años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Desde entonces, esas incorporaciones han permanecido en una especie de limbo: quedó probado que no se ajustaron a la legalidad, pero los empleados han seguido en sus puestos a la espera de que Función Pública le aclare al consistorio cómo proceder. Esos alrededor de 130 trabajadores suponían, al menos hasta marzo de 2017, el 56,46% de la plantilla.
En este escrito también se recuerda la sentencia emitida en octubre de 2015 contra Benítez: "El acusado, a pesar de las advertencias anteriores y no tratándose de puestos eventuales, de confianza o de asesoramiento especial, sino de puestos de carácter fijo, sin ningún tipo de selección, decreto y únicamente guiado por un criterio personalísimo y ajeno a lo establecido en la Ley, totalmente opaco a pesar de que la normativa legal aplicable exige la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, procedió a contratar a las siguientes personas, la mayor parte vecinos del municipio (...)". Se refiere el párrafo anterior a un primer bloque de 22 empleados, y a continuación se enumeran 113 más. Resulta un global de 135, entre los que hay candidatos del Partido Socialista (PSOE), afiliados, familiares y simpatizantes.
Sobre las pretensiones del demandante, el magistrado argumenta que hay fraude de ley cuando el empleador utiliza las fórmulas de contratación temporal "sin que concurran las causas de temporalidad que autorizan su utilización, o infringiendo las prohibiciones de carácter sustantivo contempladas en su regulación". Más adelante expresa que el consistorio se valió de este tipo de acuerdo laboral para "satisfacer la necesidad permanente de mano de obra relacionada con el servicio eludiendo la contratación indefinida, lo que constituye un fraude de ley". Sin embargo, todo cambia al ajustarse lo ocurrido a un caso de nulidad, como es "la contratación de trabajadores por las administraciones públicas no habiendo seguido para ello sistema selectivo alguno que respetara los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos legalmente (...)".
¿Y qué sucederá a partir de ahora, con el añadido de que un juez ha reflejado en una sentencia que hay nulidad? Preguntado al respecto, el concejal de Recursos Humanos, Jacinto Correa, afirmó que respetarán "la legalidad". Con ese objetivo, y tal y como expone el escrito judicial del 30 de enero, la corporación presentó el 8 de marzo de 2017 una petición de informe a la Dirección General de Función Pública para que les aclarase el procedimiento a seguir para ejecutar la declaración de nulidad de los contratos de los profesionales mencionados en el documento penal. De nuevo, y a falta de respuesta, el Ayuntamiento de El Rosario reiteró el pasado 4 de enero la solicitud.
las claves
La denuncia del caso Enchufe partió del exportavoz de CC en El Rosario José Luis Arregui. En 2015, y apenas una semana después de que se conociese la sentencia del caso Varadero -otro proceso judicial en el que Macario Benítez fue inhabilitado durante siete años-, el exalcalde alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Provincial para ser condenado a cinco años de inhabilitación por la contratación "a dedo" de 135 empleados municipales, más de la mitad de la plantilla municipal.
La herencia recibida llevó al nuevo gobierno a solicitar en 2017 un informe a Función Pública para que le aclarase cómo resolver el problema de los empleados incorporados de forma irregular. Tras no recibir respuesta, insistió el pasado 4 de enero. Ahora, en la denuncia presentada por un beneficiario de aquellas prácticas, un juez observa "nulidad absoluta" al menos en esa contratación, que es análoga al resto de las que se realizaron.