La juez de adscripción territorial del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife advierte en una sentencia del pasado miércoles de la necesidad de que el Ayuntamiento de El Rosario convoque un proceso selectivo de personal "sujeto a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad".

La magistrada realiza ese pronunciamiento en el marco de un proceso judicial iniciado por una de las beneficiarias del denominado caso Enchufe, que llevó a la contratación de un total de 135 trabajadores -por parte del anterior gobierno municipal- de forma irregular y, en consecuencia, a la condena del exalcalde rosariero Macario Benítez a cinco años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Concretamente, esa empleada solicita en la denuncia su derecho a ser personal de carácter indefinido debido a que, entiende, su contratación temporal fue en fraude de ley. Se trata del mismo planteamiento que mantienen otros trabajadores que se encuentran en igual situación y que han acudido a la Justicia. Sobre ello ya hubo otra sentencia el 30 de enero. En aquel caso, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó que el acuerdo laboral era nulo en origen al no haberse seguido un sistema selectivo que respetara los principios establecidos.

Esta otra denunciante ha tenido más suerte. La jueza declara el derecho a ser considerada como trabajadora "por tiempo indefinido del demandado Ayuntamiento de El Rosario con antigüedad de 2 de septiembre de 2002 hasta que se cubra la plaza que está ocupando por procedimientos de selección sujetos a principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".

"La existencia de una sentencia penal firme que condena al alcalde de la corporación demandada por un delito de prevaricación no es más que una prueba clara de que nos encontramos ante una contratación irregular desde el inicio", recoge, en cualquier caso, el escrito judicial, ante el que cabe recurso de suplicación.

El documento también señala que el consistorio no ha adoptado ninguna medida en ejecución de la resolución del caso Enchufe, si bien anteriormente recuerda que en marzo de 2017 este presentó una solicitud de informe a la Dirección General de Función Pública para el procedimiento a seguir. Aún no ha recibido respuesta.