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Costanera: Gil destapa otro "escándalo urbanístico" del anterior gobierno

El alcalde denuncia en el pleno que el ayuntamiento tenía que recibir el 10% del aprovechamiento urbanístico y que, en cambio, sus responsables aceptaron terrenos en los que no era posible construir.
Domingo Ramos, S/C de Tenerife
8/jun/18 6:25 AM
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En una pregunta del pleno del Ayuntamiento de El Rosario celebrado en la tarde de ayer saltó la bomba. El alcalde, Escolástico Gil, denunció un "escándalo urbanístico de proporciones incalculables" en la urbanización Costanera: la aceptación por parte del gobierno anterior de un convenio en el que recibió laderas en las que no se podía construir, en vez de un terreno urbanizable de 1.109 metros cuadrados.

El asunto llegó de la mano de las quejas del Partido Socialista (PSOE) -y, concretamente, del sector de José Antonio Estévez y Álvaro Meneses- sobre una supuesta falta de accesibilidad y participación en el proyecto del parque de este núcleo. Le respondieron el concejal de Parques y Jardines, Yeray Gutiérrez (IR-Verdes), y el edil Juan Carlos Martínez (PP), que, además, es el presidente de la Asociación de Vecinos de Costanera (Asveco). Pero todo quedó diluido cuando Gil tomó la palabra. Empezó en la línea de los dos concejales, si bien, seguidamente, pasó a referirse a una "deuda histórica" con esta zona y al referido "escándalo". En ese punto enhebró una compleja cronología de hechos, metros y cantidades económicas.

En esencia, y según el relato del regidor local -sostenido en informes técnicos de 2008 y 2012-, la empresa Gestur tenía que haber entregado al consistorio el 10% del aprovechamiento urbanístico de la urbanización Costanera, lo que suponía 1.109 metros cuadrados de terreno urbanizable. Sin embargo, y en lugar de eso, el ayuntamiento aceptó una manzana de 340 metros cuadrados con la categoría de zona verde (y, en consecuencia, no edificable). El resto del terreno que faltaba para llegar hasta los 1.109 metros -es decir, 769- estaba valorado en alrededor de 420.000 euros, y la decisión del consistorio fue darle el visto bueno a recibir 50.000 euros y 119.000 metros cuadrados de suelo rústico de protección natural de ladera (en el que tampoco se podía construir).

"Esto es lo que hizo el anterior gobierno con Costanera", mostró Gil con un cartel de la urbanización que extrajo de debajo de la mesa. "Con esta ladera, señores, tengan cuidado cuando hablan: no se puede hacer ni edificar un parque ni una oficina municipal", prosiguió. "Esto es un escándalo mayúsculo", sostuvo el líder de Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes), en velada alusión a un presunto delito de prevaricación urbanística durante la etapa anterior del gobierno.

"No sé si esto está prescrito o no, pero aquí hay tomate" fue otra de las frases expresadas por Escolástico Gil, del que cabe recordar que denunció el caso Varadero, un núcleo costero enclavado entre Tabaiba y Barranco Hondo, protegido por sus valores ambientales por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y en el que se pretendían construir 1.000 viviendas. Al final, aquella causa judicial derivó en condenas siete años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público a Macario Benítez, otro tanto a Ana Lupe Mora y la misma pena a María Anita Alonso, respectivamente alcalde, concejala y secretaria municipal de El Rosario cuando ocurrieron los hechos.

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