El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, llevó ayer hasta Madrid la lucha de los vecinos para que el Gobierno central firme el convenio para la reposición de la Urbanización Las Chumberas. Se trata de un trámite imprescindible para poder continuar con estos trabajos y que, de no llevarse a cabo, supondría la devolución de más de 12 millones de euros por parte del consistorio al Ministerio de Fomento, "algo que sería terrible para las 560 familias afectadas por este asunto, que dura ya más de once años", apuntaron desde el ayuntamiento en una nota de prensa.

Díaz trasladó personalmente al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la necesidad de que se firme dicho convenio de manera inmediata, ya que se trata de 560 familias afectadas por esta situación. "Estamos hablando de viviendas, de cientos de hogares y cientos de familias que padecen una situación intolerable desde hace años", le aseguró el mandatario nacionalista al ministro durante un encuentro en el Ministerio.

El alcalde trasladó en persona las reivindicaciones de las 560 familias afectadas, planteando que no se devuelvan los 12,6 millones de euros que, en caso de que no se firmara el convenio, deberían reintegrarse al Gobierno central.

Díaz, tras su encuentro con Ábalos, agradeció la receptividad del ministro y la buena predisposición para llegar a una solución. "El ministro se ha hecho cargo de nuestras necesidades y lo tratará con el secretario de Estado, entendiendo la urgencia de las medidas y las fechas, ya que el convenio expira el 31 de diciembre", resaltó Díaz.

En este sentido, el alcalde lagunero quiso dejar claro que "desde el ayuntamiento jamás vamos a abandonar a estas personas; vamos a estar a su lado siempre y no los abandonaremos". "Seguiremos adoptando todas las medidas que sean necesarias", sentenció. "El ayuntamiento ha hecho la tarea en este asunto, hasta ya hay una licitación provisional a una empresa para que comiencen los trabajos de inmediato", añadió el regidor local.

La intervención de esta primera fase en Las Chumberas supone una inversión de más de 25 millones de euros, que son aportados por el Gobierno de España (12,6 millones), el de Canarias (8,8) el Cabildo de Tenerife (2,5) y el Ayuntamiento de La Laguna (1,2). "Son precisamente esos 12 millones de euros los que se tendrían que devolver si no se firma el convenio", recordó José Alberto Díaz.